Atropellar con impunidad

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Acabamos de recibir la sentencia dictada en el juicio de faltas seguido contra el causante de la muerte de mi hermana Enriqueta y de tres personas más, como consecuencia de su atropello en la M-40, el 8 de julio de 1998, cuando auxiliaban a los ocupantes de un vehículo accidentado. A pesar de no tener ninguna fe en la misma, desde el momento en que se consideró juicio de faltas y no delito, esperábamos al menos que la Justicia se diera cuenta del error que estaba cometiendo al no corregir enérgicamente estas conductas, más frecuentes de lo deseable, dejando impunes acciones tan irresponsables y temerarias como la que padecimos todos aquel fatídico día, reconduciendo las actuaciones judiciales. Se han cumplido nuestros malos augurios, se reducen incluso las penas solicitadas por el fiscal al infractor. Juzguen, cuando la sentencia afirma probado que el causante de las muertes pierde el control del vehículo, «no siendo dueño en todo momento de la conducción del mismo, bien porque no iba atento a las circunstancias del tráfico, bien porque circulaba a una velocidad inadecuada, siendo incapaz de controlar su vehículo... o bien porque no supo reaccionar al encontrarse con el accidente y las indicaciones que le hacía el agente de la Guardia Civil...» procede (continúa la sentencia) imponerle la multa de 150.000 pesetas y la retirada del permiso de conducir por seis meses. Increíble. No olvide que fallecieron cuatro personas en el acto. Pero lo peor, si cabe, es esa terrible moraleja que inevitablemente extraes, después de padecer un proceso judicial por pérdidas humanas, donde todo se reduce a la fijación de indemnizaciones por parte del seguro y que al parecer se ajustan a jurisprudencia. Si entre todos no ponemos el remedio, concluiría: si usted quiere librarse de alguien, atropéllelo, no pasa nada y además paga el seguro.

Carlos Ruiz de la Sierra Martín-Gil.

Madrid.