Aroma de chantaje

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EL Tribunal Constitucional ha acordado la suspensión de dos leyes -la gallega de cajas de ahorro y la valenciana, de reforma del barrio de El Cabañal- por presentación de sendos recursos por parte del Gobierno socialista. Ambas leyes habían sido aprobadas después de amplias polémicas políticas y sociales en Galicia y Valencia. El Ejecutivo ha estado presto a ayudar a los socialistas locales con unos recursos a los que la Constitución privilegia con la suspensión automática de las leyes impugnadas. Si existen o no motivos para estos recursos, es algo que resolverá el TC cuando revise la suspensión cautelar dentro de unos meses, pero llama la atención que el Gobierno haya centrado sus baterías en dos comunidades autónomas gobernadas por el PP, donde el PSOE no está especialmente acertado como oposición. Es cierto que el Gobierno también ha anunciado en las últimas semanas un recurso similar contra la ley catalana sobre registros, pero la entidad política de las leyes impugnadas a Galicia y Valencia es muy superior.

Es oportuno recordar que, al poco tiempo de tomar posesión, en mayo de 2004, el Gobierno renunció a numerosos conflictos de competencia contra leyes autonómicas. Casualmente, la mayoría de las comunidades autónomas beneficiadas estaban gobernadas por los socialistas. Entonces, el jefe del Ejecutivo abogaba por la «paz constitucional». Pero sólo con sus socios nacionalistas y compañeros de partido.

Mientras el Gobierno muestra su celo en la defensa de competencias del Estado, el tripartito catalán sigue desarrollando el Estatuto de 2006 con la cooperación del Ejecutivo, sin diagnósticos similares a los aplicados a Galicia y Valencia y sin preocuparse por la imparable desaparición del Estado en Cataluña. Y también, mientras el Gobierno apela al esfuerzo de todos para salir de la crisis, Zapatero no duda en paralizar la ley gallega que propiciaría una fusión como la reclamada insistentemente por el Banco de España. Además, las cajas gallegas, si no se fusionan a corto plazo, corren el riesgo de no llegar a tiempo para solicitar la ayuda del fondo bancario. Este veto privilegiado en manos del Gobierno es una palanca para doblegar a gobiernos autonómicos, urgidos por la necesidad de cambios políticos o económicos, allí donde los socialistas locales no han podido evitar que se aprobaran las leyes impugnadas. Por eso, estos recursos mezclan la legítima defensa de competencias estatales con un cierto aroma de chantaje.