Cargarse al Rey

Ha sido importante que Felipe González le recuerde a su propia tribu, que parecía frotarse las manos ante la embestida de Podemos y sus botafumeiros intelectuales, el servicio que la Corona prestó a la democracia en décadas recientes, cuando ella era una criatura tierna sin garantía de alcanzar la vida adulta. Lo de Felipe me hizo recordar el discurso del Premio Nobel Octavio Paz en Valencia, en 1987, con motivo de la conmemoración del famoso II Congreso de Escritores Antifascistas realizado en aquella ciudad cincuenta años antes, en plena guerra civil. Contaba Paz, en aquel hermoso texto, que en 1946, siendo él diplomático de su país, había coincidido en París con el socialista Indalecio Prieto y que éste le había dicho, ante su sorpresa, que el único régimen viable para España era una Monarquía constitucional con un primer ministro socialista porque lo demás era «el caos civil o la dictadura reaccionaria». Prieto había contribuido en su día a la radicalización de la II República que desembocó en la guerra civil y la dictadura. Pero se había arrepentido y, fiel a su condición de «socialista a fuer de liberal», había limado sus cuchillos ideológicos en el exilio. Esa estirpe de socialistas (una lista que va desde Julián Besteiro o el contrito Indalecio Prieto hasta Felipe González) es la que urge recuperar en la España de hoy ante la complicidad por activa o pasiva de una parte de la dirigencia socialista frente a los revolucionarios que utilizan el Gobierno para lanzar cócteles molotov (filtraciones, insinuaciones, actuaciones parlamentarias) contra la democracia.

La Monarquía española aún es indispensable para evitar el caos civil o la dictadura reaccionaria, y a quienes no lo entienden, o quizá lo entienden demasiado bien, hay que salirles al frente. Durante casi todo el siglo XIX defender alguna forma de monarquía constitucional o parlamentaria (las cortes de Cádiz, el Estatuto Real, parte del Sexenio Democrático, para mencionar sólo tres momentos clave) fue lo progresista. Esos esfuerzos naufragaron por culpa de las fuerzas reaccionarias o, al otro lado, temperamentos radicales que creían más importante imponer la república a la fuerza que lograr un sistema liberal, es decir un régimen en el que el poder estuviera acotado, aún si había que hacer concesiones como aceptar la monarquía sujeta a las reglas democráticas. La guerra civil de 1936 fue la desembocadura de ese río turbulento.

La Constitución de 1978, el sistema vigente, fue por tanto un milagro. Perfectible en distintos aspectos, pero en lo esencial una sólida garantía de la democracia liberal. Para que esa garantía perdurara, eran indispensables dos condiciones: que el consenso que había puesto de acuerdo a los de arriba se tradujera en el consenso de los de abajo y que, con el tiempo, las crisis o los cambios del mundo no sirvieran de pretexto a ciertas facciones para patear el tablero. Lo primero se cumplió con creces, pero ya no se puede decir lo mismo de lo segundo. Por eso liberales y socialistas, y no sólo conservadores, tienen una obligación moral de contrarrestar a los traidores que bajo el pretexto republicano quieren cargarse la maltratada libertad.