Ahora, los funcionarios

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LA necesidad de reducir el gasto público en tiempos de crisis económica ha puesto a los funcionarios públicos bajo el punto de mira. Hoy informa ABC acerca de los planes del Gobierno para «examinar» a los empleados públicos en el marco de una racionalización y reducción de estructuras de la Administración General del Estado. Según algunos, bajo este eufemismo burocrático se oculta el propósito de cambiar el modelo vigente, cuestionando aspectos esenciales como la permanencia en el puesto de trabajo una vez adquirido «en propiedad». Nadie pone en duda que hay muchos aspectos mejorables en nuestro sistema de empleo público y que convendría afrontar con eficacia y sentido común la reforma de ciertos lastres del pasado. Sin embargo, es imprescindible evitar las generalizaciones interesadas con objeto de que no paguen justos por pecadores. Miles de funcionarios públicos son profesionales bien preparados, que han accedido a sus puestos tras superar unas pruebas rigurosas y que desempeñan con vocación y sacrificio una actividad al servicio del interés público, cuya retribución es -con frecuencia- inferior a su equivalente en la empresa privada. En este sentido, hay que distinguir también entre los funcionarios de carrera y los múltiples asesores y altos cargos que crean los políticos para satisfacer compromisos del partido gobernante y atender a las exigencias de la clientela electoral.

Otra cuestión sustancial hace referencia a las comunidades autónomas. Si es preciso racionalizar la administración del Estado, no hay ningún motivo para que se consideren intocables las administraciones regionales, que reproducen casi sin excepciones todos los defectos que se achacan al sector público. Sería injusto, por tanto, que el proceso que el Gobierno pretende iniciar limite sus efectos al ámbito estatal, cuando una parte sustancial del gasto público y de los recursos humanos corresponde en nuestro país a las administraciones autonómicas. De acuerdo con la Constitución, el acceso a la función pública se rige por los principios de mérito y capacidad, y la Administración sirve con objetividad a los intereses generales, al margen de la coyuntura política. Estos criterios deben inspirar las reformas en marcha que, según denuncian algunos sindicatos, parecen planteadas ante la necesidad de recuperar el tiempo perdido por parte de un Ejecutivo que necesita cuanto antes dar algún golpe de efecto e incluso buscar un chivo expiatorio.