Un acuerdo marco letal

El proceso pactado, que se formuló en términos de proyecto «estándar» de resolución de conflictos, consistía básicamente en lo siguiente: ETA dejaba de matar y Rodríguez Zapatero se comprometía a una transformación radical de España en términos morales, territoriales y de carácter social. El indudable precio que se pagó a ETA fue la apertura de un proceso que arrancaba con la paz, con el cese definitivo del terrorismo y de final incierto en términos políticos. Un proceso que, sin embargo, no era inocuo para el constitucionalismo español, ni sobre todo inofensivo para nuestra jerarquía de valores, como se ha ido comprobando a lo largo de estos años.

El proyecto político de Rodríguez Zapatero significaba la marginación y el aislamiento del Partido Popular, versus pacto catalán de Tinell, y simultáneamente, la incorporación progresiva de ETA y de su proyecto a la democracia española. En consecuencia, ello significaba impulsar un inequívoco «vista la izquierda», utilizando un símil militar, en todos los ámbitos, singularmente en el orden cultural y moral. El proceso arrancó, fue dando sus frutos y paulatinamente, hizo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista perdieran su razón de ser y de existir en Cataluña y en el País Vasco.

Sin embargo, sucedió algo fuera de guión, y la derivada de aquella crisis en términos políticos y financieros de aquellos años expulsó a Rodríguez Zapatero del Gobierno y de esta manera llegó al poder de nuevo el Partido Popular, presidido por Mariano Rajoy en el año 2011. Con la llegada del Gobierno del PP, España afrontó la crisis económica y financiera con éxito y determinación, pero se decidió -cuanto menos- mirar hacia otro lado respecto del proceso que Rodríguez Zapatero y ETA habían puesto en marcha.

No se puede olvidar que antes de este acuerdo marco, tanto los nacionalistas vascos y catalanes habían pactado con ETA su proyecto de ruptura, en Estella en septiembre de 1998 y posteriormente en Perpiñán en enero de 2004. Por todo ello, tras el efímero Plan Ibarretxe, el proceso impulsa que el nacionalismo catalán sustituya a ETA en la vanguardia de la ruptura del movimiento nacionalista, y de esta manera llega el «procés». Mal que les pese a muchos nacionalistas catalanes, el «procés» es un corolario del proceso en el que, recordemos, inicialmente no estaban ni el PNV ni la antigua Convergència y Unió.

Lo mismo sucede el pasado mes de mayo en la localidad francesa de Cambó, donde tiene lugar lo que ha sido un punto y seguido de la necesaria metamorfosis de ETA, que aparentemente pasa de una organización terrorista a una formación política. Digo «aparentemente» porque la naturaleza profunda de ETA, la razón por la que nació ETA, fue para romper España, pero aquella vez sin límites morales. El 5 de mayo de este año, con la solemnización propia de los proyectos de resolución de conflictos, con la permanente e inequívoca presencia de los mediadores internacionales, se daba un paso decisivo en su legalización, uno más, para de este modo avanzar en una legitimación social y política como la única alternativa al PNV, una vez que el proceso había pulverizado este papel para el constitucionalismo español.

El tercer hito que destacaría es el frente popular populista-nacionalista que se constituye en España el pasado mes de junio, tras una moción de censura contra el presidente Rajoy. La moción de censura tras la publicación de la sentencia del caso Gürtel fue un pretexto, una mera excusa. El frente popular populista-nacionalista es simplemente otra consecuencia de aquel acuerdo marco, de aquella dirección emprendida. El presidente Sánchez continúa simplemente la estela del proyecto Zapatero, de una alianza potencial con ETA, y lo intenta en el arranque de la legislatura, pero la impaciencia desmesurada de Podemos y el lógico temor y miedo de una buena parte del PSOE lo impidió. Pero antes que después, en la primera ocasión y pretexto, una vez que Pedro Sánchez recupera el poder en su partido, lo iba a volver a intentar y así lo hizo.

El acuerdo marco, hablo ya del presente y del futuro inmediato, tiene que actualizarse y traducirse en términos políticos más allá del «procés», de la metamorfosis de ETA y del recién llegado frente popular. Aquel proceso que se puso en marcha tendrá que cristalizar en algo más que en una fotografía. Tiene que concluir en un nuevo proceso, un proceso llamémoslo «pseudo constituyente», que arranque con la reforma del Estatuto de Cataluña y culmine con la reforma de la Constitución española, como ya han dejado caer tanto el presidente Sánchez como su ministra de Política Territorial y Función Pública.

Los números hoy es verdad que no salen, pero el proceso es el proceso, tiene un carácter dinámico y ya tratarán de volver a engañar a los españoles y a otras fuerzas políticas con la consideración de que el actual empate infinito, esta vez no con ETA, sino con el conjunto del nacionalismo, exige la reforma de la Constitución. Dirán que es urgente la incorporación al bloque de la constitucionalidad de nuevos y falsos derechos, que hay que encontrar fórmulas de diálogo que transformen en legal lo que hoy es ilegal, que el modelo de Quebec es útil y que debe llegar a España, que si apostamos por una España como nación de naciones, ello tendrá que tener expresión política, que debe existir una ley de carácter nacional que pueda abrir el paso a los referéndums para posteriormente abrir la Constitución, como en su momento fue la ley para la reforma política.

Cuando estoy terminando de redactar este artículo, Pablo Casado se ha convertido en el nuevo presidente del Partido Popular, y se constituye en una esperanza para este difícil reto que se deduce del diagnóstico descrito. Habrá refundación, regeneración, renovación de nuestro espacio político en la medida en que primero se comprenda y se asuma la existencia de este proceso, fruto de aquel acuerdo marco que acabo de describir, para de este modo entender la envergadura del reto en el ámbito cultural, moral y social que tenemos por delante.

El proceso, aunque en ocasiones chirría, está más vivo que nunca, tiene más poder que nunca y por ello, cualquier refundación del centro-derecha español exige una envergadura moral singular, ya que el debate, más que nunca, se ha situado en el ámbito cultural, en el seno y corazón de nuestra sociedad.

Jaime Mayor Oreja es Presidente de la Fundación Valores y Sociedad