Sánchez ensaya el indulto encubierto

El anuncio hecho por Sánchez para «revisar» el Código Penal en lo que atañe a los delitos de rebelión o sedición solo puede esconder un compromiso expreso con el separatismo catalán para rebajar las penas y excarcelar lo más rápidamente posible a Junqueras y al resto de condenados por el TS. Plantear una reforma exprés del Código Penal en esa línea, además de conllevar un riesgo importante para el futuro de la unidad de España, es de un oportunismo inaceptable. Es tanto como hacer una regulación ad hoc para personas concretas con el falso argumento de que la legislación española no sirve frente a afrentas golpistas y declaraciones unilaterales de independencia. El Gobierno de Sánchez e Iglesias incurre así en una severa irresponsabilidad porque abre la puerta a una burla contra el Estado de Derecho, de tal modo que la «revisión» de esos delitos se convierte en una mascarada, o en el salvoconducto para un indulto encubierto por la vía de los hechos consumados. Es sencillamente una cláusula secreta del acuerdo alcanzado con ERC a cambio de la investidura. Los españoles van conociendo así lo que escondían las palabras de Sánchez en su discurso de investidura cuando sostuvo que «la ley, por sí sola, no es suficiente», o cuando propuso poner fin a la «deriva judicial» del «conflicto político». Si Sánchez promueve una reforma del Código Penal, el Estado estará cediendo de modo humillante ante el golpismo secesionista y garantizando una impunidad que los delincuentes no merecen porque no se han arrepentido de su golpe a la soberanía nacional. Muy al contrario, se jactan de que lo volverán a intentar. Con razón se vanagloriaba Junqueras en su última entrevista de haber sacudido nuestra democracia.

Ya no queda nada de aquel compromiso electoral que hizo Sánchez ante millones de telespectadores durante el debate electoral. No solo no va a penalizarse la convocatoria de referendos ilegales, sino que por el contrario se va a impulsar una auténtica estafa procesal reduciendo el delito de sedición a la nada. Además, Sánchez sigue sin aclarar cómo pretende autorizar una consulta o un referéndum en Cataluña, lo que cobra más gravedad después de escuchar ayer a Pere Aragonès decir que la cita de Sánchez con Torra en febrero será «para debatir la independencia». Sánchez está claudicando del modo más sumiso posible, y ni siquiera es descartable que pretenda invitar al prófugo Carles Puigdemont a la «mesa de negociación» con el independentismo. Ayer mismo, Puigdemont se autoinvitó y nadie del Gobierno le replicó porque Sánchez ha pisoteado otro de sus compromisos en aquel debate: el de traerle detenido para ser juzgado. Cuando quiera hacerlo, ya no solo no serán delito sus conductas, sino que el Estado tendrá que indemnizarle. Con Sánchez todo es posible.