Permisos penitenciarios con trato de favor

El incesante goteo de permisos penitenciarios concedidos a más de la mitad de los separatistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo puede ser legal, pero tiene mucho de agravio comparativo con muchos otros miles de presos a los que la Generalitat no privilegia con un trato de favor. No hay más casos en democracia en los que personas condenadas por sedición salgan de prisión como si fuesen héroes a los cuatro meses de haber sido dictada su sentencia. Es cierto que llevan dos años en prisión y que en algunos casos se cumplen los plazos para hacerse acreedores de permisos. El problema no es tanto de interpretación jurídica como de privilegio político, porque en realidad se está deslegitimando la sentencia del Tribunal Supremo y porque buena parte de la ciudadanía puede tener la percepción de que en realidad un delito tan grave sale gratis si corresponde a la Generalitat gestionar la condena. Objetivamente está siendo así. Los permisos son una burla al sentido último de la Justicia y envían un mensaje preocupante: son medidas adoptadas a capricho de la Generalitat, porque la catalana es la única autonomía que tiene atribuidas competencias en materia penitenciaria y hace lo que le viene en gana. Más aún cuando ninguno de los condenados ha expresado arrepentimiento o cuando anuncian sin rubor que seguirán intentando proclamar la independencia. Es decir, delinquiendo.

Algo falla en nuestro sistema cuando es un amigo quien tiene la llave para excarcelar a otro amigo antes de tiempo. Se mutila así el Código Penal y se pervierten nuestras instituciones. La concesión de esos permisos es una nueva soflama a favor de otra declaración unilateral de independencia, ejecutada con el visado de una institución del Estado.