Mentir no es delito, pero es mentir

La juez Carmen Rodríguez-Medel decidió ayer sobreseer provisionalmente las diligencias abiertas contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, al no encontrar indicios de que incurriese en un delito de prevaricación por la celebración de la manifestación masiva del 8-M. Poco ... tardó ayer la izquierda en sacar pecho por esta resolución judicial, como si se tratase de una exoneración simbólica de cualquier irregularidad cometida por todo el Gobierno. En efecto, Franco no será un delincuente en potencia, ni las pruebas apuntan a que pueda llegar a ser acusado de cualquier conducta delictiva y culposa por el ingente incremento de víctimas mortales en Madrid. Sin embargo, durante este proceso se han producido una serie de evidencias tan delatadoras como alarmantes: la juez ha sido insultada desde la izquierda para deslegitimar su trabajo con una campaña de odio infame; se ha menospreciado a la Guardia Civil como parte esencial de las labores de la policía judicial al servicio de la magistrada; y la Fiscalía y la Abogacía del Estado se han lanzado contra la juez para desmerecer hasta sus propias facultades profesionales. Aparte, Interior ha intervenido directamente contra la independencia de la juez en el marco de su actividad, con injerencias inasumibles en su intento de ejercer un control a distancia del proceso judicial. Negarlo ya no es posible, y en la hemeroteca quedan el ridículo hecho por el ministro Grande-Marlaska, que ha llegado a imponer una purga en la Guardia Civil y el acoso al perito forense que consideró que el 8-M fue la semilla de una «hecatombe» vírica.