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Editorial ABC

El Gobierno ataca la libertad

Nunca antes el CIS hizo una pregunta tan burda, tan ideologizada. Nunca antes se predispuso tanto hacia una respuesta favorable a restringir la libertad de información

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El Gobierno sigue haciendo una utilización obscena del CIS para manipular la opinión ciudadana sobre la pésima gestión de Sánchez en la crisis del coronavirus. Aparte de que con casi 19.000 muertos sea metafísicamente imposible que Sánchez obtuviera hoy tres puntos más en votos ... si hubiese elecciones, resulta inédito que el CIS pregunte a los españoles si conviene imponer la censura informativa en los medios de comunicación. Ya no se trata de que José Félix Tezanos diseñe con dinero público sondeos a mayor gloria de Sánchez y de su enfermiza necesidad de autobombo, sino de que al menos no incurra en la burda maniobra de fabricar un No-Do del siglo XXI para el presidente del Gobierno. España no se halla solo ante un reto sanitario y socioeconómico jamás vivido desde la Guerra Civil. Estamos ante un intento de pervertir las libertades y de crear el caldo de cultivo para imponer un régimen autoritario. Siendo patentes la imprevisión y la ineficacia del Gobierno, y siendo España el país con mayor mortalidad por cada millón de habitantes, resulta insultante que el CIS pregunte si habría que «prohibir» la difusión de bulos e «informaciones engañosas y poco fundamentadas» por las redes y los medios de comunicación, de modo que bastasen solo las «fuentes oficiales» para hablar de la pandemia. La respuesta, abrumadoramente mayoritaria a favor del aparato de propaganda de La Moncloa, se daba por descontada. Entre tanto ministerio, Sánchez olvidó crear el de la «verdad absoluta», pero no ha olvidado conceder a Iglesias un poder omnímodo sobre el CNI, o cerrar el Portal de Transparencia, que está obligado a mantener por ley para informar de las adjudicaciones públicas. Por eso se niega a responder sobre quién intermedió y vendió a España miles de test fraudulentos pagados con dinero público, o por qué empresas-fantasma siguen protegidas por La Moncloa con nuevos contratos opacos.

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