El sindicalista de Tragsa presumía de haberse llevado «60.000 pelotes»

«Tuvimos conocimiento por la prensa de que, a uno de los miembros del Comité Intercentros, justo días antes de su jubilación se le propuso un traslado forzoso para que éste tuviera la 'recompensa' de un despido objetivo, situación que como bien sabéis no se puede exigir a un delegado sindical». CSIF, que también menciona el trato de favor al dejarle el vehículo de empresa a un precio inferior al de mercado, asevera que esta caso causa «malestar en la plantilla y mancha el buen hacer del resto de compañeros y compañeras que forman el Comité Intercentros».

La carta, firmada por Antonio Martín, delegado nacional de CSIF en Tragsa, termina exigiendo «explicaciones» y que «se depuren responsabilidades», pero, de momento, no ha habido respuesta. La pública Empresa de Transformación Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, sí ha dicho a ABC que abrió una investigación para aclarar el despido del líder sindical Faustino Sánchez.

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Fuentes oficiales de Tragsa han contestado a este diario que «nos consta que se abrió una investigación, cuyas conclusiones avanzan que todo se realizó conforme con la normativa que regula la materia, tanto en lo establecido en el artículo 40 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el artículo 48 del XVII convenio colectivo».

No cree lo mismo el Comité Autonómico de Castilla y León de Tragsa de puso el caso negro sobre blanco en un acta del 23 de enero de 2023: «Fue despedido por cambio sustancial de sus condiciones de trabajo, haciendo un uso fraudulento del Art. 40 del E.T. (Estatuto del Trabajador) con la finalidad de darle al trabajador 12 meses de indemnización con fondos públicos».

El acta explicaba la rocambolesca situación: «Se trata de un miembro del intercentros que llevaba muchos años ejerciendo este cargo. Sorprendentemente este trabajador, después de cumplir 65 años en agosto de 2022, causó baja no voluntaria en Tragsa el 30 de octubre, pasando a jubilado el día 31 de octubre».

Al margen de la legalidad, ABC preguntó si el presidente de Tragsa, Jesús Casas, en el caso de encabezar una empresa privada, habría dado orden de trasladar de ciudad a un miembro de comité de empresa y le habría pagado un despido improcedente a los 65 años, un día antes de jubilarse, pero las mismas fuentes declinaron ofrecer más respuestas.

En cuanto al importe de la indemnización, equivalente a 12 meses de sueldo según el acta sindical que reveló este diario, la empresa pública ha explicado que no puede confirmarlo por considerarse «datos de carácter personal». Fuentes no oficiales de Tragsa conocedores del despido relatan que Faustino Sánchez «iba presumiendo de haberse llevado 60.000 pelotes (sic) de indemnización», en referencia a 60.000 euros, cifra que podría encajar con los 12 meses de sueldo del que habló el comité de Castilla y León.

Faustino Sánchez era un destacado miembro de UGT en Tragsa. En enero de 2016, según la web del sindicato, «más de 1.500 trabajadores llegados de toda España y pertenecientes al Grupo Tragsa se concentraron ante la sede del Partido Popular en Madrid y en otras capitales de provincia».

Lo hicieron para «exigir la retirada del procedimiento de despido colectivo (PDC) y exigir la reincorporación de los 555 trabajadores despedidos, de los que 307 pertenecen a Tragsa». La nota cita como uno de los líderes de las movilizaciones al «coordinador estatal de MCA-UGT Tragsa, Faustino Sánchez», que solicitó «una reunión con la dirección del Partido Popular» que fue «rechazada por los responsables del partido que sustenta al Gobierno en funciones», entonces encabezado por Mariano Rajoy. El sindicato denunciaba «la mala gestión desarrollada por la actual Dirección del Grupo (Tragsa) y por la política llevada a cabo por el Gobierno del Partido Popular en contra de las empresas públicas».

Fuentes sindicales consultadas por ABC relatan que Faustino Sánchez fue uno de los firmantes del convenio colectivo de Tragsa vigente, que data de octubre de 2010, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, e interpretan los 60.000 euros del polémico despido como «un pago de la empresa». ABC ha intentado recabar la versión de UGT y del interesado, pero no ha habido respuesta.