Resurge el fantasma del estallido social en Chile ante la propuesta constitucional

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María J. Errázuriz

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El texto será entregado al presidente Gabriel Boric el próximo martes 7 de noviembre a primera hora de la mañana y el mandatario deberá, entonces, convocar a la consulta ciudadana obligatoria.

La sesión plenaria se extendió por más de nueve horas debido a que cada uno de los 50 consejeros y 24 expertos expuso las deficiencias y avances que implican el texto que, finalmente, fue aprobado por 33 votos a favor y 17 en contra, el reflejo exacto de la representación de los dos bloques.

Si bien el trabajo del CC estuvo ajeno a las polémicas que se registraron en la Convencional Constitucional fallida, éste no concluyó con un proyecto unitario y no identitario como diversas autoridades reclamaron en el proceso.

Mientras los consejeros y expertos del Partido Republicano y Chile Vamos hicieron énfasis en los avances que implica consagrar derechos en materia de seguridad, libertad de elección y protección, los del Socialismo Democrático y el Frente Amplio acusaron que se registran importantes retrocesos respecto de la Carta Magna de 1980 y muchos aseguraron que no se hace cargo de las demandas sociales que surgieron en el estallido social de 2019.

El fantasma de esa revuelta, que precipitó el acuerdo político donde se acordó este proceso constitucional, reapareció en los discursos de los consejeros de izquierda, pero también en dirigentes de ese sector que han dado indicios de rechazar el texto.

El presidente del PPD, senador Jaime Quintana, afirmó a La Tercera que «una Constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido», palabras que fueron calificadas como una amenaza por la oposición.

Desde su sector, durante sus discursos, distintos consejeros y expertos como Paloma Zúñiga (RD) y Gabriel Osorio (PS), insistieron en que lo obrado por el CC no da respuesta a las desigualdades y abusos que golpean a los chilenos y que quedaron de manifiesto en octubre de 2019.

El consejero Germán Becker (RN) salió a su paso indicando que «esta constitución en ningún caso es más de derecha que la actual, es una Constitución que responde a la situación del país y los requerimientos de la gente». Y la experta Katherine Martorell (RN) enfrentó los malos augurios expresando su deseo de que «la izquierda no se atrinchere en la amenaza de una nueva crisis social».

Aun así, el consejero republicano Antonio Barchiesi afirmó que «esta constitución pondrá punto final a estos 4 años de caos e incertidumbre; el 18 de octubre termina este 17 de diciembre».

Los discursos mostraron las visiones contrapuestas dentro del CC y que quedaron en evidencia a lo largo de los cinco meses de trabajo, especialmente, cuando el anteproyecto elaborado por unanimidad por la Comisión de Expertos se fue desfigurando en el consejo.

En palabras de la experta del FA Antonia Rivas, la propuesta «es el reforzamiento y petrificación de la Constitución vigente», mientras que el único comisionado indígena electo Alihuén Antileo manifestó que el texto emanado «es revanchista» por cuanto no contiene una palabra referida a la plurinacionalidad, principio guía de la primera propuesta constitucional rechazada en 2022.

Para la consejera republicana Gloria Paredes el texto se hace cargo de las demandas ciudadanas que recibieron, mientras que la consejera y presidenta de Evopoli, Gloria Hutt, mencionó que los opositores al proyecto no pueden obviar el hecho de que el mandato popular le dio mayoría a las derechas. El experto Hernán Larraín (UDI), en tanto, le recordó a la izquierda que no pueden acusar que esta propuesta es mala y no transversal cuando consagra el Estado social y democrático de derecho, «algo impensable para ellos».

La propuesta, a ser aprobada el 17 de diciembre, tiene 11 mil palabras contenidas en 217 artículos y un total 62 disposiciones transitorias, cuestión que para la oposición es una demostración de que se trata de un texto programático de republicanos.

La voz de Alejandra Krauss, consejera DC, reveló la sensación que dirigentes del centro político comentan en privado: «Otra vez más hemos perdido una oportunidad histórica para la convivencia y la sanidad política de nuestra república. Hoy solamente nos encontramos con un texto redactado por unos cuantos y para ellos solos».

En el mismo tono, la consejera del FA Catalina Lagos expresó su desazón de que Chile se encuentre, nuevamente, frente a una «oportunidad desperdiciada» a lo que se sumó el experto en representación de Evopoli, Sebastián Soto, quien lamentó no poder presentar a la ciudadanía una propuesta de consenso.

A siete semanas del plebiscito, el Gobierno, en voz de su presidente y vocera, ha sido categórico al señalar que este proceso se cierra sin importar el resultado del plebiscito. Lo mismo han sostenido los máximos dirigentes de la UDI y PS, senadores Javier Macaya y Paulina Vodanovic, quienes afirmaron que con la consulta se termina este capítulo que ha prolongado la incertidumbre en el país.

Aunque las últimas encuestas han registrado un alza de 3 a 4 puntos para la opción «A Favor», los sondeos mantienen por sobre el 55% la inclinación por el «En Contra».