Mossos, Ertzaintza y otros 13 grupos de autoridades podrán ocultar información 10 años

Las dos primeras categorías estarían en manos exclusivamente del Consejo de Ministros, pero en el caso de los sellos confidencial y el restringido serán 15 grupos de autoridades los que podrán hacerlo, empezando por el presidente del Gobierno -lógicamente- y siguiendo por todos los ministerios -incluyendo al ministro, los secretarios de Estado y los subsecretarios-, los cuatro jefes del Estado Mayor, los jefes de misiones diplomáticas y de oficinas consulares, los delegados y subdelegados del Gobierno, los directores del CNI, de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Departamento de Seguridad Nacional, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear y el secretario general de Instituciones Penitenciarias.

Por último, el anteproyecto también da potestad de clasificación de información confidencial y restringida a «las autoridades autonómicas competentes en materia de policía, en aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido estatutariamente competencias para la creación de Cuerpos de Policía». Este epígrafe afecta, principalmente, al País Vasco, con la Ertzaintza; a Cataluña, con los Mossos d'Esquadra; a Navarra, que tiene la Policía Foral; y a Canarias, con el Cuerpo General de la Policía Canaria (otras autonomías, como Andalucía, tienen competencias de policía autonómica, pero no han creado cuerpos propios, sino que han firmado convenios con el Ministerio del Interior para dotarse de unidades de policía adscritas).

De este modo, centenares de políticos y altos funcionarios de la Administración central y de algunas autonomías van a poder ocultar información por ley, si el texto se aprueba. Pese a que la categoría 'confidencial' se refiere a «información cuya revelación o utilización indebida pueda causar una amenaza o perjuicio leve», se podrá ocultar por ley durante un plazo que va de siete a diez años. En la clasificación de 'restringido', sobre documentos cuya filtración «pueda ser contraria a los intereses de España», el periodo es de cuatro a seis años. Filtrar o difundir información de este tipo estará castigado con una sanción económica que puede ascender hasta un millón de euros.

La actual ley de secretos oficiales no contemplaba plazo alguno para la desclasificación de documentos, por lo que éste es uno de los elementos fundamentales del anteproyecto que pretende sustituirla. En lo que respecta a los dos tipos de clasificación más restringidos, 'alto secreto' y 'secreto', la desclasificación automática no se producirá hasta transcurridos 50 y 40 años, respectivamente.

Además, el texto contempla una prórroga de 15 años para el 'alto secreto' y de diez para el 'secreto', por lo que habría informaciones que no verían la luz hasta transcurridos 65 años desde su clasificación. Para el historiador Antonio Malalana, catedrático de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad CEU San Pablo, este plazo es «una barbaridad»: «¿Qué sentido tiene ocultar un documento 65 años?», se pregunta. «Significa que para conocer, por ejemplo, «el principio de la democracia a través de los archivos necesitamos 20 años más».

También expresa sus dudas sobre cómo se hará el ingente trabajo de revisar los documentos previos a la entrada en vigor de la ley, que «el anteproyecto no explica, quizás se desarrolle en algún reglamento», dice.

Mientras, en el principal partido de la oposición hay quienes no ven adecuada una «desclasificación automática por el paso del tiempo». Fuentes no oficiales del PP sostienen que tiene que haber «excepciones», como «informaciones sobre la lucha contra el terrorismo u otras que supongan un riesgo para nuestra seguridad», ante las que apuestan por que siguieran ocultas «mientras permanezca ese riesgo».

Las clasificaciones de «alto secreto» se refieren a informaciones cuya «revelación no autorizada o utilización indebida pueda dar lugar a una amenaza o perjuicio extremadamente grave para los intereses de España» en una serie de ámbitos que van desde la la soberanía e integridad territorial hasta la seguridad y defensa nacional, pasando por el orden constitucional, la seguridad pública y de las misiones de los servicios de inteligencia o de información o «los intereses económicos o industriales de carácter estratégico».

La categoría 'secreto' se refiere a los mismos ámbitos, pero en el caso de que la filtración produzca un perjuicio 'grave', en vez de 'extremadamente grave'.

El funcionario que filtre una información calificada con los dos grados más altos, así como quien la difundiera, por ejemplo un periodista, se expondrá a una multa que oscila entre uno y tres millones de euros. Las sanciones administrativas son otra de las novedades del anteproyecto. Y cabe remarcar que todos los documentos confidenciales ya estaban -y seguirán estando- protegidos por la vía penal, dado que su filtración o difusión puede suponer un delito de revelación de secretos, entre otros. Ahora se suman las citadas y cuantiosas multas. Por otro lado, este anteproyecto se refiere a información «que deba ser protegida» y que no haya sido calificada como secreto por ley de forma automática.

En el caso de que un juez requiera, dentro de una investigación, un documento clasificado, habrá de dirigirse a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. El Gobierno podrá oponerse, ante lo que la Sala tendrá potestad para pedir la información, revisarla y decidir si se la entrega al juez de instrucción de forma parcial, total o lo deniega.

El anteproyecto, que ha pasado la fase de alegaciones a principios de agosto y por el trámite de urgencia, lo ha redactado el Gobierno sin comunicación alguna con el otro único partido que ha gobernado España en la actual democracia. «Estamos ante una cuestión de Estado y por eso nos sorprende que el PSOE no se haya dirigido hasta la fecha a nosotros. Ni conocíamos el texto del anteproyecto ni se nos ha llamado para dialogar sobre el mismo», declara a ABC José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso.

Bermúdez de Castro señala que una ley como ésta «no puede depender de quienes buscan dinamitar el orden constitucional»: «El Gobierno tiene que elegir entre pactar con sus socios separatistas, independentistas y herederos de ETA, lo que nos hará vulnerables, o pactar con el PP, con lo que fortaleceremos el Estado».

En cuanto a qué haría su partido con los plazos de desclasificación y las sanciones -y pese a la insistencia de este diario-, el diputado del PP prefiere guardar silencio hasta que el anteproyecto «se convierta en proyecto de ley y pase por el Consejo de Estado y el CGPJ».