El caso Mediador coge vuelo a golpe de transferencia bancaria
Hacienda investiga si la trama de Tito Berni ocultó mordidas en bitcoins
El Drones envió 6.000 euros a la gestoría de Tito Berni a través de un hombre del mediador
Navarro, Fuentes, Bautista y Fernández durante una comida
La causa que sigue el Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife contra una presunta organización dedicada al tráfico de influencias ha cogido vuelo en las últimas semanas. El elenco de investigados, que se ceñía a una docena entre empresarios del sector ganadero en ... Canarias y cuatro peninsulares dedicados a las fotovoltaicas y la tecnología de drones, se ha visto ampliado dos presuntos testaferros el mediador, Antonio Navarro Tacoronte, las dos administradoras de la empresa de drones cuyo responsable ya estaba investigado y dos cargos públicos de las islas, Álvaro de la Bárcena Argany, viceconsejero del Sector Primario del Gobierno de Canarias desde 2019 y Estefanía Margarita González, jefa de Servicio de la Dirección Técnica en este mismo organismo.
Pero no sólo se trata de personas físicas, pues también ha crecido el elenco de empresas que ahora están en el foco por sus relaciones con la trama. Destaca el caso de Redisbar, que no sólo fue donde un empresario pagó 11.000 euros en una noche, presuntamente para una fiesta con prostitutas de la que disfrutarían entre otros, el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Su administrador, como reveló este diario, había abonado al mediador 20.000 euros dos días antes de aquella «reunión».
Entra en juego además Viña Liza, una sociedad canaria también administradora de un local. Recibió fondos de la empresa de drones después de que Navarro Tacoronte facilitase el número de su cuenta a una de las hijas del empresario José Suárez Esteve.
Hay más, aunque aún en estado incipiente. Es el caso de una constructora de Cheste, en Valencia, que aparece transfiriendo dos tandas de 5.000 euros a uno de los supuestos hombres de paja del mediador, aunque era a él a quien consignaron como beneficiario.
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ContinuarMientras, la rama del caso asumida por la Fiscalía Europea espera el análisis de los cuatro contratos de Gar-SI Sahel por valor de 263.000 euros, pagados con fondos europeos y adjudicados por una fundación estatal, la Fiapp. En al menos dos de las adjudicaciones la Guardia Civil ya ha encontrado irregularidades como destapó este diario.