Guerra entre el Gobierno y la Junta de Extremadura por el futuro de la central de Almaraz

En 2027 y 2028, de forma consecutiva, los dos reactores de Almaraz cesarán su actividad. Así está firmado en el acuerdo entre el Gobierno, las propietarias (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) y Enresa —organismo que gestiona los residuos—. Ante este contexto, y siendo una de las banderas del Ejecutivo como ya ha sucedido con las centrales de carbón que han dejado de funcionar, se han empezado a preparar los planes de transición justa.

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Estas acciones, que tienen como objetivo la revitalización económica de las zonas afectadas por cese de actividad energética, están gestionadas por el Instituto para la Transición Justa (ITJ), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En una de sus últimas actualizaciones, la que tiene que ver con el 'Plan de Actuación. Año 2025', se añade un nuevo punto sobre «actuaciones para la transición justa en el sector eléctrico». En el documento se detalla que «en 2025 el ITJ llevará a cabo un análisis socioeconómico para evaluar el impacto del cierre de la Central Nuclear de Almaraz, con el fin de desplegar medidas y fondos destinados a mitigar los efectos de este proceso, y diseñar el proceso de transición justa para el territorio».

Ante esa situación, según ha podido conocer ABC, la Junta de Extremadura solo habría recibido una llamada desde el Gobierno central sin mayores explicaciones. La respuesta por parte de la administración extremeña ha sido muy contundente al insistir en su oposición al cierre de la central de Almaraz y la negación a encarar un 'plan B'.

En el control del relato sobre quién es el responsable del cierre de la central de Almaraz, el Gobierno insiste en que son las empresas quienes han firmado el acuerdo, y las que no han propuesto nada. En parte la situación es así. De hecho, durante las próximas semanas, y con las presentaciones de los balances financieros de 2024, los principales directivos deberán hablar sobre la situación.

Pero en materia energética es el Ministerio para la Transición Ecológica el que ordena y, junto a Red Eléctrica, quien pone concierto al sistema español. De hecho, el Ejecutivo ha proyectado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) contando con el cierre de las centrales. Dicho documento es una guía para inversores, y no se cuenta con la energía nuclear.

De igual modo, en esa pelea por el relato, desde el Gobierno han trasladado que el argumento de los altos impuestos a la nuclear no es cierto. Las empresas insisten en lo contrario, y añaden que si hubiera una revisión fiscal todo sería más sencillo para alargar la vida útil de las centrales.

En este contexto, este martes se debatió en el Congreso la Proposición no de Ley (PNL) que ha presentado el Partido Popular para evitar el cierre de las centrales nucleares. En primer lugar, el diputado Guillermo Mariscal volvió a criticar la contradicción de que en Europa se apoye la energía nuclear, mientras en España el Gobierno se mantiene firme en su plan energético.

De igual modo, desde el PP plantean al Ejecutivo «qué sucederá al sistema eléctrico con el cierre de las centrales». Esta es una de las bazas que están jugando los diferentes grupos de presión que luchan por mantener abiertos los reactores. Lo mismo sucede con los precios y las posibles subidas tras el apagón nuclear. El miércoles se votará en el Congreso esta PNL.

Las cifras sobre la central de Almaraz siguen demostrando su utilidad para el sistema eléctrico español. La producción bruta generada entre las dos unidades al finalizar 2024 ha sido de 15.655 GWh evitando la emisión de 5,5 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta planta tiene una producción de energía eléctrica bruta acumulada desde origen y hasta el 31 de diciembre de 2024 de cerca de 630.000 GWh lo que la convierte en la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional.

En la parte económica, la central nuclear de Almaraz aporta anualmente en tributos 435 millones de euros, tras la subida del 30% de la 'tasa de Enresa', de los que alrededor de 100 millones de euros corresponden a Extremadura, lo que supera a todos sus costes operativos juntos y supone «una asfixia económica para la central», aclaran fuentes de las propietarias de la instalación.

Anualmente se llevan a cabo inversiones en la Planta por valor de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos. De esta manera, la central nuclear de Almaraz se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando, incluso hasta los 80 años (2063).