El Gobierno acelera el registro horario de Yolanda Díaz ante el recelo de la patronal

La semana pasada, Díaz había anticipado que en la reunión de este martes se procedería a activar esta medida por la vía urgente con un trámite necesario antes de que el Ministerio de Trabajo lleve definitivamente la medida a Consejo de Ministros mediante un real decreto que no precisa el aval del Congreso para ponerlo en marcha. Se trata de recortar los plazos al menor tiempo posible para activar la medida, aunque no será, cómo mínimo, hasta principios de 2026 cuando estaría definitivamente en vigor.

Esta es la respuesta de Díaz al veto a su reducción de jornada laboral con un nuevo registro horario para las empresas que consiga en la práctica lo que no ha logrado la ley: ajustar las horas efectivas de trabajo gracias a unos fichajes que revelen las horas extra y las ilegalidades que, a su juicio, se cometen. Es la «ofensiva» que la ministra de Trabajo va a poner en marcha con el reglamento que su departamento ya ha comenzado a tramitar y que tantos recelos está provocando entre los miembros de la patronal.

Sin embargo, la postura sobre el registro horario no es unánime en el seno del Gobierno, a la espera de su resolución final. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicaba ayer que «anticipar las decisiones y los proyectos del Consejo de Ministros no me corresponde». En sus manos está la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, un órgano que preside y por el que pasan todas las materias económicas que tienen que llegar al Consejo de Ministros.

La CEOE se ha mostrado muy crítica con esta medida después de que el Congreso vetase el proyecto de ley de reducción de jornada laboral. Esperaban un clima de más consenso para poner en marcha otras medidas y adentrarse en la negociación colectiva con los sindicatos. La patronal teme el impacto tanto organizativo como a nivel de costes que conllevará para muchas empresas ese registro, tal y como se ha planteado inicialmente.

El real decreto, que ya ha pasado la fase de consulta pública desde el día después de que el Congreso aprobase las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de las 37,5 horas con el voto de Junts, quiere aplicar la «objetividad», «fiabilidad» y «accesibilidad» en los fichajes. De esta forma, se intentará lograr el mismo efecto que tuvo en su momento la reforma laboral con el uso de los contratos temporales: que haya temor entre los empresarios a no hacer un registro con horas extra. «Sería aplicar la misma disciplina y rigor para cumplir con la legalidad», indican fuentes del Ministerio de Trabajo.

El departamento que dirige Díaz es consciente de la repercusión que tiene esta medida para las empresas, incluso por encima de las que habría provocado el recorte de jornada. «Si lográsemos tener un registro eficaz, fiable y que permita hacer una labor masiva de rastreo casi bajaría más la jornada efectiva de trabajo que el propio proyecto de ley de reducción de jornada» desde la 40 horas.

Sin embargo, varios bufetes de abogados ya han señalado que la cesión directa e instantánea de todos los fichajes a la Inspección de Trabajo puede vulnerar sus derechos de protección de datos. En este sentido, el Ministerio confía en que no será así. «No hay un problema adicional en este sentido», indican fuentes de Trabajo. «Habrá salvaguardas para el tratamiento autorizado de datos, para que no se usen con fines distintos a los que están pensados», indican.

Para los expertos legales, una cosa es ceder datos sin consentimiento por que la ley obliga a ello, como ocurre hasta ahora en registros de los que se vale Inspección de Trabajo procedentes de la Seguridad Social. Y otra muy distinta es que los inspectores accedan 'motu propio' a todas esas estadísticas que informan sobre la entrada y salida del trabajador así como su repercusión en la nómina, con las horas extra y otros conceptos personales.

Desde Trabajo asumen que la patronal recurrirá jurídicamente el texto del reglamento, como ha ocurrido en ocasiones con otras iniciativas que ha puesto en marcha el Ministerio en los últimos años. Aunque insisten en que les avala para llevar a cabo esta iniciativa la interpretación de la ley que hace el Tribunal Supremo con varias sentencias, así como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que son las que –apuntan– obligan a que ese registro sea accesible fiable y objetivo, como apunta el Estatuto de los Trabajadores.