Señalamientos desde el poder

La tentación populista va arraigándose de forma irreversible en el PSOE y en el día de ayer fuentes de la dirección de Ferraz acusaron a los magistrados de tener «un objetivo muy claro» en sus decisiones sobre el 'procés'. Unas palabras muy semejantes a las que hace unos días formuló la vicepresidenta Ribera, quien apuntó a una querencia en el poder judicial a pronunciarse siempre en una misma dirección. No es una novedad: el pasado 9 de noviembre los socialistas firmaron con Junts un acuerdo en el que explícitamente se apelaba al 'lawfare' en el quinto párrafo de la página tercera, aunque durante algunas semanas desde el PSOE intentaron preservar su perfil institucional negando lo que a ojos de todos los españoles había quedado estampado negro sobre blanco. Señalar a los jueces era algo natural en la retórica de Podemos, pero resultaba todavía demasiado radical para los de Sánchez. En apenas unas semanas, el PSOE ha optado por acusar abiertamente de prevaricación sistémica a aquellos jueces que, en estricto cumplimiento de sus funciones, están investigando a los delincuentes que redactan una ley de amnistía a cambio de brindar un apoyo parlamentario a Pedro Sánchez.

Una estrategia análoga es la que ha inaugurado el presidente del Gobierno en lo que atañe a los medios. Además de los vetos que hemos denunciado en reiteradas ocasiones en los viajes presidenciales, la agresividad con la que los socialistas han comenzado a expresarse en público y las descalificaciones, a veces abiertamente soeces, con las que intentan desacreditar a la prensa no afín vuelven a evidenciar la coherencia del método Sánchez con los usos y las maneras populistas. Desacreditar al interlocutor político, demonizar a quien no piensa como tú o prometer barreras divisivas entre los españoles se han convertido en el signo distintivo del Gobierno. Ese señalamiento entraña no sólo una deslegitimación del oponente, lo que atenta contra la alternancia política que es constitutiva de los regímenes democráticos, sino que aspira a generar un clima intimidatorio contra los medios de comunicación que resulta intolerable.

Pedro Sánchez ha demostrado tener una aversión orgánica a todo cuanto suponga un contrapeso para su ejercicio del poder. Lo hemos visto en su partido, donde el más mínimo grado de disidencia es objeto de represalia, y lo estamos constatando en la estrategia de deslegitimación de jueces y medios de comunicación. Europa haría bien en tomar buena nota de estas prácticas iliberales, que podrían interpretarse como un ejercicio de coerción explícita a través del señalamiento de dos instituciones como son la judicatura y los medios, que tienen, entre otras misiones, la de vigilar y limitar los abusos que puedan perpetrarse desde el poder político.