La división salta a las calles

La tentación populista nunca resulta inocua. Cuando las ideas o la institucionalidad democrática se ponen al servicio de la propaganda legislativa, el riesgo de malograr causas que son legítimas rebasa el margen de lo prudente. Lo ocurrido este miércoles en el Día Internacional de la Mujer debería demostrar qué ocurre cuando se le conceden responsabilidades de gobierno a partidos cuya cultura política no es homologable al de las democracias liberales contemporáneas. La introducción urgida de debates forzados y que resultan ajenos a gran parte de la sociedad así como la patrimonialización hostil de causas que estarían llamadas a ser compartidas y transversales ha terminado generando una división social que adquiere, también, indudables consecuencias políticas.

Esta escisión del feminismo no es la expresión de un mero fenómeno social fortuito. Es la demostración de lo que ocurre cuando se intentan romper consensos democráticos por una pura obstinación ideológica y por la temeraria confusión entre el activismo y el ejercicio de responsabilidades públicas. España ha avanzado durante décadas en la conquista y defensa de los derechos de la mujer y gobiernos de todo signo han asumido, en atención a sus principios, la necesidad de activar políticas públicas que redunden en la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, desde que en el año 2020 Pedro Sánchez nombrara a Irene Montero ministra de Igualdad, hemos visto cómo una causa justa ha servido de coartada para ejercer una frívola imprudencia política. Basta con comparar el fondo y las formas de la ministra o de su secretaria de Estado de Igualdad, Ángeles Rodríguez «Pam», con el de otras feministas que las precedieron en el ejercicio de cargos políticos para comprobar la excepcionalidad discursiva y legislativa con la que Unidas Podemos ha saldado la aceptación social del feminismo en nuestro país.

La división que se mostró en las calles es la muestra de la agonía del movimiento feminista en España. A la hora de buscar responsables se haría imposible no concederle a Unidas Podemos un lugar privilegiado. Sin embargo, no debe olvidarse que la prerrogativa de crear ministerios y de nombrar ministros es exclusiva del presidente del Gobierno. Por más que en los últimos días el Partido Socialista esté intentando proyectar una imagen de responsabilidad al revertir los efectos de ley del 'sólo sí es sí', no debe obviarse que ha sido el PSOE quien ha normalizado y transigido con las iniciativas legales profundamente divisivas y temerarias en el marco de la agenda feminista en España.