El cura detenido por violación participó en la JMJ de Lisboa junto al resto de sacerdotes de Málaga

Junto a otros sacerdotes malagueños, se fotografiaba frente al escenario del Parque Eduardo VII de Lisboa, tras la ceremonia de acogida del Papa. Antes de llegar a la capital portuguesa, incluso había participado en los días previos. Lo hizo en la diócesis de Coimbra, junto a los jóvenes del arciprestazgo Fuengirola-Torremolinos, al que pertenecía su antigua parroquia de Melilla.

«Es normal que participara, ya que entonces tenía un encargo pastoral», explican desde la diócesis de Málaga a este diario, en referencia a su labor como adscrito a las parroquias de El Burgo y Yunquera, que fueron su último destino antes de ser detenido el 11 de septiembre. Sin embargo, la situación despierta una gran duda ¿cómo podía, en esos momentos mantener un encargo pastoral y participar en un evento como la JMJ a pesar de todas evidencias que la diócesis ya tenía contra él?

Según la versión de la diócesis, es en enero cuando una mujer se presenta ante el vicario episcopal de Melilla (su inmediato superior y el representante del obispo de Málaga en la ciudad autónoma, que canónicamente depende de esta diócesis) afirmando que es la pareja del sacerdote, con el que mantiene una relación estable. Según esa misma versión oficial, es entonces, cuando el cura reconoce los hechos, deja la parroquia en Melilla y se retira por un tiempo a casa de su madre, en Vélez-Málaga, si un oficio pastoral encomendado.

Un momento «sabático», de «reflexión» o de «estudio» son los eufemismos que en la Iglesia se utilizan para designar este tiempo en que los sacerdotes desaparecen de escena por alguna cuestión que en ese momento no conviene confesar. Los motivos, según la versión de la diócesis de Málaga de nuevo, se reducen a «cuestiones de salud». Preguntada la diócesis por la 'coincidencia' de los problemas de salud con la primera denuncia de la 'mujer' del cura, fuentes diocesanas han reconocido a ABC que, «sin poder desvelar los motivos de salud, quizá si estuvieran relacionados con esa situación».

Unas «cuestiones de salud» que llevaron al obispo a no aplicar el canon 1395 del Derecho Canónico, que establece que «el clérigo concubinario (...) debe ser castigado con suspensión». A pesar de la confesión de la mujer que convivía con el sacerdote, y del mismo reconocimiento del cura al dejar Melilla, la diócesis no aplicó la sanción en aquel momento y sólo ha admitido haberle «retirado las licencias ministeriales»[la suspensión de la que habla el Derecho Canónico] en su segundo comunicado, hecho público en la tarde del martes. En el primero, el lunes, aunque condenaba los hechos, no especificaba cuál era la situación canónica del sacerdote a pesar de su detención.

Según la diócesis, tras ese tiempo apartado, el sacerdote «se comprometió a romper su relación sentimental y seguir con el sacerdocio», por lo que fue entonces cuando se le destina como adscrito a las parroquias de El Burgo y Yunquera, a más de cien kilómetros de la casa de su madre, en Vélez-Málaga, donde siguió viviendo. El sacerdote sólo se desplazaba hasta las poblaciones cuando tenía que celebrar la eucaristía, que no era a diario.

La diócesis no ha precisado cuando le encomendó este destino, que tampoco aparece en su página web en la información sobre nombramientos, a pesar de que esta recoge todos los producidos a lo largo de 2023. Lo cierto es que siguió en ellos hasta el domingo 10 de septiembre cuando anunció al final de la misa que, por motivos personales, no volvería por allí. Al día siguiente era detenido. Y cuatro días después, el 15, la diócesis nombraba un nuevo sacerdote para ambas parroquias.

La otra duda que se plantea es si la diócesis conocía desde el primer momento todas las acusaciones contra el sacerdote. Según la Policía, la mujer afirmó, al presentar la denuncia, que en enero, cuando reconoció su relación, también había entregado los vídeos al vicario episcopal. Sin embargo, desde la diócesis niegan esta segunda cuestión. «No nos consta tener esa información en enero, estamos buscando si pudo saberse de alguna manera», explicaban a este diario desde el obispado.

Del mismo modo, han reconocido que tras aquella primera visita «sólo supimos que tenía una relación», aunque la mujer volvió en otras ocasiones a hablar con el vicario y sí «le dijo que tenía material como para denunciar al cura». Así, según el obispado, se le invitó a que presentara una denuncia ante la Policía, lo que finalmente ocurrió a principios de agosto.

«No fuimos conscientes de la gravedad hasta que se inició la investigación. Hasta que llamó la Policía en agosto, no sabíamos que eran vídeos de contenido sexual», señalan las fuentes de la diócesis. De hecho, insisten que «hasta el día 25 [este lunes, cuando la Policía hizo públicos los hechos] sólo sabíamos que estaba detenido, pero desconocíamos los motivos».

Una afirmación que contrasta con la actividad de la propia diócesis en su página web y las redes sociales. Cuando saltó la noticia, tras el comunicado de la Policía, todos los enlaces que llevaban hasta información relativa al párroco estaban rotos o desaparecidos, lo que hacía casi imposible rastrear la actividad del sacerdote en las páginas relacionadas con la diócesis. Lo mismo ocurrió en sus redes sociales, de donde desaparecieron las imágenes en que aparecía el sacerdote.

Sin embargo, eliminar todo rastro digital es una tarea de titanes que ni la diócesis de Málaga ha sido capaz de completar. La huellas del paso del sacerdote por la JMJ, mientras la Policía comenzaba a investigarle, siguen presentes en algunas webs, como ha podido comprobar este diario. Una presencia que hoy, a la vista de todo lo que conocemos sobre él, no deja de parecer inquietante. Y más, al conocer que la diócesis malagueña, entre los requisitos de asistencia para los mayores de 18 años, solicitaba que se presentara un certificado de estar exento de delitos de naturaleza sexual. Entonces quizás pudo presentarlo. Hoy no cumpliría el requisito.