Los contratistas auguran una caída en la licitación de obra pública tras su aumento en un 2023 «electoral»

La licitación que estiman para este año es de 2.180 millones frente a los 2.419 de 2023, ha explicado este martes el presidente de la Cámara de Contratistas de Castilla y León, Enrique Pascual, en el balance de las operaciones del pasado año en el que lanza unas previsiones sobre el ejercicio en curso, que, no obstante, serían más elevadas que las de 2022 (1.694 millones).

De momento, entre enero y abril se han sacado a licitación 780 millones de euros, en los mismos términos que en ese periodo del año pasado, pero tan pronto pasen las europeas y se estabilice un «funcionamiento normal» la estimación es que ese ritmo se «ralentice» en la segunda mitad del año, de manera que no cree que se alcancen las cifras de 2023, que aunque «importantes», matiza que son «de mínimos» y se alejan de los en torno a 3.500 millones que estimarían óptimos y que se invertían de media antes de la crisis económica.

Aunque Pascual insiste en que los datos no están «al nivel de los ejercicios más prósperos» el volumen de obra publica licitado el año pasado es el más alto desde el techo alcanzado en 2009 y aumentó un 42 por ciento frente a un 2022 «discreto» con una importante contribución de Estado, al que corresponden uno de cada dos euros invertidos en la Comunidad tras licitar incluso más de lo previsto y con un nivel de adjudicación del cien por ciento, que es «excepcional» que ocurre «muy pocas veces». Lo «más habitual» es en torno al 64 por ciento. La administración autonómica no llegó a ese porcentaje y se quedó en un 54%,y la local lo superó también con creces hasta el ochenta por ciento.

Pascual ha aprovechado también para hacer balance sobre la evolución del sector de la construcción tanto de la obra pública como privada. En la crisis económica, ha explicado, el volumen de capacidad productiva se redujo a la mitad. Desde entonces se fue «recuperando» poco a poco, pero el negocio se volvió a ver resentido con la pandemia y la posterior crisis de las materias primas, que supuso un «quebranto para las empresas» que habían firmado contratos con un presupuesto que subió de forma «excepcional». Algunas han tenido que abandonar los proyectos, otras, dice, esperan aún 200 millones de euros que les «adeudan» las administraciones de acuerdo los mecanismos aprobados entonces para «equilibrar» esos costes «desfasados». Aún hoy, añade, se mantienen en algunas convocatorias unos precios que «no son los del mercado», lo que estaría elevando el porcentaje de obras que se quedan desiertas. En 2024 roza el ocho por ciento.

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Finalmente, ha insistido Pascual una vez más en que «nos cuesta atraer gente al sector y que quiera quedarse». En cifras, ha recordado que en 2006 la construcción empleaba a 137.000 trabajadores directos y la previsión para 24.000 es que no se alcancen los 70.000.