Ley de cambio climático: camino a la descarbonización

Una descarbonización que además permitirá ahorrar al conjunto de la economía «más de 400.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles , facilitando la electrificación y repercutiendo en la factura que se paga por la electricidad », según ha declarado en reiteradas ocasiones la ministra.

La senda de la que habla el Ejecutivo se basa en una estrategia de transición pionera en la que se asegura tendrá en cuenta a los colectivos más vulnerables. Desde el Ministerio de Transición Energética se ha dejado claro que los pilares para conseguir una España sostenible se asientan en un «borrador holístico» que aborda las redes energéticas , la eficiencia , la edificación , el transporte o la fiscalidad y que prevé que al menos el 20% de los Presupuestos Generales del Estado deberán tener un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático. Y se estima que un porcentaje de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se deberán destinar a asegurar esa «transición justa» para paliar los efectos sobre los territorios y los trabajadores más afectados por esta transición hacia una economía baja en carbono.

En total, según el Ejecutivo, se movilizará un total de 235.000 millones de euros durante los próximos diez años para combatir el cambio climático en el marco del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, que está a punto de presentar a la Comisión Europea.

El paquete normativo incluirá numerosas medidas que afectan a prácticamente a todos los sectores de la economía española, y cuyas claves se resumen en abanderar la lucha contra el cambio climático , con una reduccción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a 1990 en 2030 (seis puntos más de lo que exige la UE) y un 90% en 2050. En definitiva, el objetivo es situar a España a la cabeza de la ambición europea en la lucha contra el cambio climático. De modo que se reducirían 60 millones de toneladas adicionales frente a los 290 exigidos al conjunto de la economía. La idea es llegar s llegar a reducir hasta 230 millones de toneladas de CO2.

La normativa también da un decidido impulso a las renovables por lo que entre 2020 y 2030 se planea la instalación de un mínimo de 3.000 megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de energía renovable. Además, a partir de la entrada en vigor de la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración ni concesiones de explotación de hidrocarburos. Tampoco podrán seguir más allá de 2040 las actividades vigentes de «fractura hidráulica» (fracking) para la explotación de hidrocarburos, que quedarán prohibidas. Asimismo, la ley prohibirá el establecimiento de nuevos subsidios o incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles, y el el sector público estatal se tendrá que desprender de sus participaciones en empresas que desarrollen actividades relacionadas con los combustibles fósiles.

Una de las medidas más controvertidas es la de prohibir para 2050 que cualquier turismo o vehículo comercial ligero circule si emite de forma directa dióxido de carbono . Para ello, diez años antes -en 2040- no se permitirá su venta, una medida que afecta a los coches diésel y gasolina, pero también a los híbridos, los de gas natural (GNC) o los de gas licuado del petróleo (GLP). Una propuesta que va en la línea de países como como Reino Unido, Francia, Dinamarca, Irlanda o Alemania, aunque con distintas fechas.

La apuesta por el coche eléctrico es clara y la normativa establecerá la obligación de que las gasolineras instalen puntos de recarga eléctrica, en función de sus ventas y de territorio con la idea de garantizar una movilidad eléctrica con recorrido por toda España. Por otro lado, Madrid Central no será algo único, ya que se plantea que todos los municipios con más de 50.000 habitantes deberán contar con «zonas de bajas emisiones» en 2023. Áreas con restricción de vehículos contaminantes en pro del peatón, el transporte público, la bicicleta... En definitiva, cualquier tipo de movilidad siempre que sea sostenible.

En cuanto a la construcción, el Gobierno fomentará la renovación de los edificios públicos y privados para conseguir edificaciones de alta eficiencia energética y descarbonizadas antes de 2050. Para ello, entre 2021 y 2030 se rehabilitarán con criterios de eficiencia energética al menos 100.000 viviendas al año de media.

Toda una batería de medidas que acabarán dibujando una imagen de España bien diferente a la actual donde en el futuro solo se pueda hablar en clave de sostenibilidad .