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España suspende en buen gobierno ambiental

Según un informe publicado recientemente por la organización SEO/BirdLife

España suspende en buen gobierno ambiental GABI SIERRA | SEO/BIRDLIFE

Natural

La situación de España en términos de buen gobierno ambiental es manifiestamente mejorable, apunta un informe de la organización SEO/BirdLife.

El análisis se centra en cuatro indicadores a los que se otorga una puntuación en cuatro niveles que van desde el mejor, «claramente favorable», al peor, «claramente desfavorable»: el estado de la legislación, la acción de las instituciones, los procesos de participación y la fiscalidad ambiental.

España es el país «más incumplidor» de la legislación de la Unión Europea (UE), sostiene SEO/BirdLife. «En 2017, según datos de las Comisión Europea, España tenía 30 casos abiertos de un total de 325, un 9,2%», subrayan desde la organización. Una cifra tres veces superior a la media teórica (3,5%) del conjunto de los Estados miembros. Le siguen Grecia con 27 y Polonia e Italia con 18.

«Al cierre del estudio, no había compromiso firme sobre una nueva estrategia de desarrollo sostenible a nivel estatal y los ejemplos similares a nivel autonómico son aislados y no están coordinados con el Estado», se lamentan los autores del informe, que animan a «pisar el acelerador para cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por Naciones Unidas para 2030 .

SEO/BirdLife también enfatizan en la «inusitadamente alta» conflictividad constitucional de las leyes ambientales , pues, pese a representar estas el 8% del total que integran el ordenamiento jurídico español, se recurren, sin embargo, con asiduidad. Entre 2011 y 2015, ponen como ejemplo desde la organización, el Estado y las comunidades autónomas presentaron 213 conflictos ante el Tribunal Constitucional, de los cuales 39 eran ambientales (18,30%).

Con la última información disponible (2011-2016), el medio ambiente apenas ha supuesto un 0,44% de los temas tratados en el Congreso de los Diputados. Y solo a la hora de abordar el cambio climático o el impacto de los incendios.

El informe también manifiesta la situación «mejorable» de los procesos de participación del Estado en materia de medio ambiente y cita el caso concreto de las «decrecientes» reuniones del Consejo Asesor de Medio Ambiente «a lo largo de los años», y la «cada vez más escasa información» que se ofrece sobre sus conclusiones.

En el ámbito autonómico, la situación es más positiva, apunta SEO/BirdLife. Comunidades como Cataluña , Extremadura , País Vasco , Aragón , Andalucía , Castilla -La Mancha o Asturias alcanzan puntuaciones «favorables» o «moderadamente favorables»; mientras que regiones como Castilla y León o Madrid obtienen la peor nota posible.

Por último, el informe evalúa la situación de la fiscalidad ambiental al ser un instrumento clave a la hora de incentivar o primar aquellos comportamientos beneficiosos o penalizar comportamientos perjudiciales. En 2015, España ocupaba el 24º puesto dentro de la UE en cuanto a PIB proveniente de impuestos ambientales (1,9%).

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