Nueva Zelanda investiga la presunta pesca ilegal en el Antártico de buques con pabellón de Guinea Ecuatorial

Aunque los buques identificados no tienen pabellón español sino de Guinea Ecuatorial, aclara el Magrama en una nota, la Administración española «iniciaría actuaciones bajo la normativa nacional y comunitaria vigente en el caso de que se derivaran de las investigaciones en curso presuntas infracciones de ciudadanos españoles», tanto en el caso de la empresa armadora, como de tripulantes del buque.

Si se demuestra tal vinculación, bajo el Estado de derecho en España y con la normativa vigente, puntualiza el Magrama, «serían necesarias las pruebas y evidencias documentales», como las que han permitido en años recientes a la Administración española tomar acciones «pioneras» y «únicas» en el mismo caladero, gracias a la cooperación de otras Partes Contratantes como Australia, que han supuesto la imposición de fuertes sanciones a nacionales relacionados con actividades de pesca ilegal. España ya ha solicitado la información disponible a las autoridades neozelandesas.

En la actualidad existe actividad de flota española en el océano Antártico, actividad «perfectamente autorizada y controlada», confirma el Ministerio. «Por ello, la presencia de buques relacionados con la pesca ilegal en la zona y su supuesta vinculación con intereses españoles es inaceptable», subraya la nota.

Recientemente se ha modificado la Ley 3/2001 de Pesca Marítima del Estado ( Ley 33/2014, de 26 de diciembre ), que refuerza la capacidad de las autoridades españolas en consonancia con la normativa comunitaria vigente de lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR por sus siglas en inglés): Reglamento (CE) 1005/2008 . Se trata de una ley que han aplaudido públicamente organizaciones internacionales relacionadas con la conservación de la naturaleza y el medio ambiente como como Environmental Justice Foundation (EJF) , Oceana , The Pew Charitable Trusts y WWF .

El caso reciente de los buques que están siendo investigados por Nueva Zelanda por presunta pesca pirata en el océano Antártico «podría constituir una ocasión muy oportuna para beneficiarse del ámbito de aplicación de esta nueva ley», explican las cuatro ONGs en un comunicado conjunto. «Dos de los buques han sido relacionados en el pasado con el grupo español de armadores, una empresa familiar con sede en el noroeste de España que está presuntamente vinculada con más de 40 presuntos casos de pesca ilegal», detallan en su escrito.