Prisión y multa para el gestor de un coto por el uso de veneno y maltrato

Por estos delitos se le impone una multa de 6.300 euros , a razón de 7 euros diarios durante 30 meses, y se le inhabilita para el ejercicio de la caza durante 4 años, detalla la organización ecologista.

Además, deberá indemnizar al Gobierno de Aragón con 9.972,72 euros por las aves muertas (un milano real, especie catalogada «En Peligro» de extinción, y un aguilucho lagunero, incluido en el listado de taxones protegidos en régimen de protección especial). Asimismo, deberá adoptar medidas recuperadoras del medio afectado consistentes en la corrección de los vallados del coto.

Por otra parte, el juzgado considera al acusado autor de un delito de maltrato animal al haber matado a tiros a tres sabuesos y un podenco andaluz. Por este delito ha sido condenado a ocho meses de prisión y al pago de una indemnización al propietario de los perros de 8.540 euros más 2.100 euros por el daño moral producido por su muerte. En total, el acusado tendrá que pagar cerca de 27.000 euros. Además, queda inhabilitado dos años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales .

SEO/BirdLife, que ha ejercido la acusación popular en el marco del proyecto Life+VENENO , y el Gobierno de Aragón han estado personados en el procedimiento judicial.

Los hechos ocurrieron en mayo de 2012, cuando un ciudadano encontró el cadáver de un milano real en el término municipal de Alfajarín (Zaragoza). El estudio forense, efectuado por personal del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca , dependiente del Gobierno de Aragón , evidenciaba la ingestión de un tóxico como causa de la muerte, circunstancia que se confirmó por el ulterior análisis.

Estos hechos motivaron que el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), junto con su patrulla canina, inspeccionara un coto de caza del municipio. A raíz de ello, se encontró el cadáver de aguilucho lagunero envenenado, los restos de ocho jabalíes y de cuatro perros que presentaban «disparos a bocajarro», restos de perdiz impregnados con un producto prohibido muy tóxico utilizados como cebo, y otras artes prohibidas de caza. También se localizaron e intervinieron en el interior de un cobertizo varios envases con sustancias tóxicas encontradas en las aves muertas y que fueron utilizadas para el envenenamiento.

Las investigaciones realizadas concluyeron con la imputación del gestor del coto, situado dentro de un espacio de la Red Natura 2000 al ser un Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). En octubre de 2012, el Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Montes suspendió el aprovechamiento cinegético de dicho coto de caza, considerando, entre otros aspectos, que se había afectado negativamente a la renovación o sostenibilidad de los recursos naturales .