Multas y posibles penas de cárcel por no llevar la baliza V16 en el coche

Este dispositivo, que transmite la ubicación del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, se convertirá en el único sistema autorizado para señalizar averías o accidentes en las carreteras españolas a partir del 1 de enero de 2026.

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Cuando faltan ya pocos días para que expire el plazo legal, la consultora Impulso by PONS ha publicado un informe alertando sobre los riesgos jurídicos en cinco áreas —civil, administrativo, penal, asegurador e industrial— derivados del incumplimiento de esta nueva obligación legal.

Dado que España cuenta con más de 34 millones de vehículos asegurados (según FIVA), la entrada en vigor de la V-16 conectada marca un «cambio de paradigma en la seguridad vial española». El desconocimiento o la no observancia de esta norma puede acarrear serias consecuencias para conductores, propietarios y fabricantes, especialmente en cuanto a los Riesgos Legales del Incumplimiento de la V-16.

En el ámbito de la responsabilidad civil, el conductor podría ser considerado responsable directo de los daños causados a terceros por falta de señalización o visibilidad, lo que puede resultar en reclamaciones judiciales y la obligación de pagar indemnizaciones.

En el ámbito asegurador, las compañías de seguros tienen la potestad de excluir la cobertura en casos de negligencia grave; si se demuestra que la falta de señalización fue un incumplimiento, la aseguradora podría ejercer la acción de repetición, reclamando al asegurado las cantidades ya abonadas a los perjudicados.

Desde el punto de vista penal, la omisión de señalización podría ser calificada como imprudencia grave si resulta ser la causa directa de lesiones o muertes, enfrentando el conductor penas de prisión y la privación del derecho a conducir.

En el ámbito administrativo, la responsabilidad es doble: del propietario por no dotar al vehículo de la baliza obligatoria y mantenerla, y del conductor por no usarla correctamente, lo que conlleva sanciones económicas que oscilan entre 80 y 200 euros.

Finalmente, fabricantes, laboratorios e importadores que incumplan la Ley de Seguridad Industrial 21/1992 al fabricar las V-16 pueden enfrentar multas desde 60.000 euros hasta 100 millones de euros, e incluso la suspensión o el cierre de la actividad comercial por hasta cinco años.

Además, el informe de Impulso by PONS subraya que un conductor que manipule el dispositivo, adquiera un modelo no certificado u omita verificaciones básicas de seguridad del vehículo, pierde la Pérdida de Presunción de Buena Fe. Esta situación puede complicar su defensa legal y agravar su responsabilidad en procedimientos judiciales o administrativos.

El informe concluye que en un un país con millones de vehículos en circulación, «además de que cumplir con la normativa es una cuestión de responsabilidad legal, también lo es de compromiso con la seguridad de todos los usuarios de la vía. La entrada en vigor de la señal V16 conectada representa un hito en la seguridad vial española pero también una gran responsabilidad para los titulares de más de 34 millones de vehículos que circulan hoy por nuestras carreteras».