España trabaja en otros proyectos de baterías tras quedar fuera del primer programa europeo

La ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, aseguró este martes que nuestro país trabaja en otros proyectos, «no solo en el ámbito de la Alianza Europea de las Baterías -un marco de trabajo común creado en 2017 para poner fin al atraso crónico de Europa en la materia-».

Según la ministra, «nosotros (España) más pronto que tarde vamos a poder presentar dentro de ese foro un proyecto español. Tenemos los proyectos y tenemos la iniciativa», indicó durante la inauguración de la Jornada sobre «Electro-movilidad y Cambio Climático», organizada por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) y la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), en el marco de la Cumbre del Clima de Madrid (COP25).

Maroto recordó que, además, se está trabajando con la asociación china EV100 en proyectos de colaboración tecnológica, añadió que se está haciendo una alianza estratégica, «y muy pronto estaremos en China para presentarlo». Está previsto que el próximo enero se celebre un acto sectorial en Shangai con representantes españoles.

Las baterías son una parte clave de los vehículos eléctricos. Pese a que Europa se ha comprometido a ser el primer continente neutral en emisiones de CO2, en 2050, y para ello requiere de una producción masiva de coches electrificados, tan solo el 3% de las baterías se producen actualmente en países europeos, según cálculos facilitados de Daniel Calleja, director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. El elevado peso de las baterías, de 300 a 500 kilogramos, supone un obstáculo logístico y hace necesario que su producción se realice cerca de las plantas de vehículos. Además, la batería también supone alrededor del 40% del valor añadido de un coche eléctrico.

El pasado lunes, la Comisión Europea dio el visto bueno para que Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Suecia destinen 3.200 millones de dinero público a incentivar la creación de una cadena de valor europea de baterías, que abarque desde la recolección de las materias primas hasta el reciclaje de las mismas, pasando por toda su producción.

Dichas ayudas de Estado serán permitidas por la normativa comunitaria al haber sido catalogado el proyecto como «Importante de Interés Común Europeo», y permitirán movilizar otros 5.000 millones de euros de inversión privada. Participarán empresas como BMW, BASF o Enel. También Opel/PSA/Shaft -que producirá celdas de baterías en Kaiserslautern (Alemania) mediante la empresa conjunta ACC-. Igualmente se establecerá una segunda factoría de baterías en Francia, en la localidad de Nersac (Nueva Aquitania, en el suroeste del país), a partir de 2022.

En la jornada de Anfac y Aelec también participaron numerosos directivos del sector del automóvil, que coincidieron en reclamar planes de estímulo, estables y duraderos en el tiempo, para la movilidad electrificada; y en concreto incentivos a los coches eléctricos, que según calculó Jorge Belzunce, CEO de Mitsubishi España, son hasta 7.000 euros más caros que los modelos de combustión.

También hubo numerosas voces a favor del IVA reducido a los vehículos eléctricos, como la de Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución; o Marco Toro, consejero director general de Nissan Iberia. Igualmente hubo voces a favor del hidrógeno, como la de Miguel Carsi, presidente y CEO de Toyota España, o Leopoldo Satrústegui, director general de Hyundai España. Jean Pierre Mesic, director general de Renault España, y Eduardo Dívar, de Kia, destacaron por su parte las nuevas soluciones de movilidad que sus compañías han puesto sobre la mesa, como los servicios de car-sharing Zity y WiBle. No obstante, como resaltó Dívar, «no podemos renunciar a vender vehículos que se usen de manera privada; demandamos una regulación en las ciudades que no demonice al coche privado». Mientras tanto, François Botinelli, CEO de Renault Trucks España, y Jaime Revilla, presidente de Iveco España, abordaron la reducción de emisiones en el transporte, donde está llamado a ocupar un papel tanto el gas, a corto plazo, como el hidrógeno, a partir de 2022, cuando el segundo comercializará su primer modelo con esta tecnología.

Los representantes de empresas eléctricas como Iberdrola, Endesa, EDP o Viesgo también reclamaron apoyo para la instalación de puntos de recarga, en particular la supresión del término de potencia o la reestructuración de las tarifas eléctricas para que no se penalice unas instalaciones que, al menos a corto plazo, tendrán una utilización muy baja. «Un punto de recarga rápida de 150 kW supone 400.000 euros al año de coste solo en el término fijo», calculó Josep Trabado, de Endesa. «Se necesitan 5.000 recargas solo para recuperar ese término fijo. Tenemos claramente un problema estructural que hay que resolver cuánto antes».

Por parte de la industria de componentes, José Portilla, director general de la patronal Sernauto, y Javier González Pareja, presidente de Bosch España, recordaron que su industria también vive «un momento de transformación». Pareja, en concreto, recordó que según el consenso existente «en 2030 el 75% de los vehículos aún serán de combustión, y los proveedores tendremos que seguir optimizando su eficiencia»; por lo que apuntó que tecnologías como los combustibles sintéticos pueden tener un papel.