El impuesto catalán al CO2 encarecería en más de 1.000 euros tener coche

La Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios ( Ganvam ), por su parte, aseguró ayer que el impuesto incrementaría, de ser aprobado, un 100% la carga fiscal de los conductores durante los años de vida del vehículo. Según sus cálculos, este gravamen supone aumentar en 1.000 euros la carga fiscal que ya soportan los conductores durante un período de uso del coche de nueve años .

El sector reclama que, en lugar de una tasa adicional, la mejor manera de conseguir este objetivo de reducción de emisiones de CO2 es transformar el impuesto de circulación para añadirle verdaderos criterios medioambientales, enfocados al uso del vehículo y comunes en todos los territorios. De este modo, se evitarían posibles distorsiones en el mercado : no frenaría la compra de vehículos nuevos y eficientes, y penaliza a aquellos más contaminantes, con el objetivo de lograr una renovación progresiva del parque automovilístico.

Este impuesto del Gobierno de Cataluña, recogido en el anteproyecto de ley de modificación de la «Ley 16/2017 del Impuesto sobre las emisiones de CO2 de los vehículos de tracción mecánica», todavía pendiente de aprobación, quiere gravar los coches mediante un tributo gradual por tramos en función del nivel de CO2 de los vehículos. A partir de este año 2019 se aplicaría a todos los vehículos con una emisión de 160 gramos de CO2 por kilómetro, y a partir de 2020, a los coches que arrojen más de 120.

Según datos de la Agencia Tributaria, en Cataluña se matricularon 198.699 vehículos en 2018, de los cuales el 32,4% liquidaron una cuota media de 923 euros por vehículo en concepto de Impuesto de Matriculación, al emitir entre 120 y 140 gCO2/km. Por lo tanto, Ganvam estima que con este nuevo impuesto autonómico, el conductor deberá liquidar no solo ese importe, sino también, como mínimo, entre 120 y 140 euros más anuales , en función de sus emisiones, lo que supone una doble imposición.

De esta forma, en las alegaciones presentadas el pasado 6 de septiembre por la asociación de vendedores, subrayaron que «como no existe un censo ni una base de datos donde consultar las emisiones de CO2 de los vehículos sujetos a tributación, la seguridad jurídica que ofrece el impuesto es bastante débil y se puede producir la paradoja de que pague más un vehículo más moderno y que emite menos CO2. Quien contamina más, no pagaría más», según el director Jurídico de Ganvam, Jaime Barea .

Además, con esta nueva fiscalidad, se penaliza la actividad económica y se corre el riesgo de impulsar la deslocalización de empresas y la fuga de matriculaciones hacia otras comunidades, ya que no exime del pago a la totalidad de los vehículos ligados a actividades profesionales. Ante este escenario, Ganvam aboga por la anulación del anteproyecto y por la puesta en marcha de una reforma fiscal que, coordinada con el Estado, permita gravar el uso y no la compra para no penalizar la entrada de nuevos vehículos en el parque, frenando su necesaria renovación .

De esta forma, apuestan por la reorientación del Impuesto de Circulación para que se base en las emisiones en lugar de en la cilindrada y la potencia. Al vincularlo al CO2 y a la normativa EURO, con independencia de su motorización, se asociará a la antigüedad del coche y, por tanto, se establece un sistema de discriminación por el potencial contaminante del vehículo, ya que la EURO regula también las emisiones de NOX, azufre, partículas e hidrocarburos.