Fin del diésel y la gasolina: Sánchez inicia una guerra al coche que dependerá del nuevo Gobierno

En concreto, el Plan Nacional de Energía y Clima contempla destinar 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025 , a razón de 200 millones de euros por año, a la adquisición de vehículos «limpios», presumiblemente eléctricos. El anteproyecto de Cambio Climático abre el foco al contemplar «el fomento de combustibles alternativos, como el gas renovable, el biometano y el hidrógeno», según el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera. Dicha cuantía procederá de la subida impositiva al diésel acordada en octubre entre Podemos y el PSOE , que la ausencia de Presupuestos para 2019 ha dejado en el limbo.

El Ejecutivo también mantiene su objetivo de enterrar los coches diésel y gasolina tal y como se conocen en la actualidad. Una meta planteada el pasado noviembre, cuando se filtró el primer borrador del proyecto legislativo, aunque su redacción actual evita mencionar tecnologías concretas. En lugar de ello, especifica que a partir de 2040 solo se podrán comercializar «vehículos con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro» .

Esta redacción entierra de facto a los motores diésel, gasolina e híbridos actuales, si bien en la actualidad existen modelos con motor de combustión catalogados por la Dirección General de Tráfico (DGT) como de «0 emisiones », al incluir una batería que les permite circular durante más de cuarenta kilómetros en modo eléctrico.

Al mismo tiempo, el proyecto evita chocar con la jurisprudencia de la Unión Europea, uno de cuyos objetivos es la «neutralidad tecnológica». Así lo ha recordado el Comisario de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete , que recuerda que la Estrategia a Largo Plazo de la UE «establece objetivos de reducción de emisiones permitiendo que sea la innovación tecnológica la que determine cómo alcanzarlos de manera progresiva».

La Ley de Cambio Climático también prevé crear zonas de bajas emisiones como Madrid Central en los municipios de más de 50.000 habitantes , e incentivar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público -que deberá también electrificarse de forma progresiva-. Además, obligará a las gasolineras que en 2018 vendieron más de 5 millones de litros de combustible, a instalar puntos de recarga para coches eléctricos.

De forma paralela, el Ejecutivo se compromete a abordar el proceso de descarbonización junto a la industria del automóvil, a través del Acuerdo Estratégico del Sector de la Automoción. Esta plataforma, aún nonata, «determinará la colaboración público privada para el impulso del sector y la atracción de nuevas inversiones», según Transición Ecológica. Para ello, el ministerio de Transición Ecológica contempla un Plan de Apoyo Integral al Sector de la Automoción 2019-2020 dotado con 562 millones de euros.

El sector del automóvil acogió con cautela el paquete climático del Ejecutivo. Anfac, la asociación que agrupa a los productores de vehículos con presencia en España, mostró en una nota su «preocupación ante la prohibición de los motores de combustión». La patronal afirmó que «una prohibición taxativa a los motores de combustión tendrá un fuerte impacto negativo en la demanda, fabricación y adjudicación de nuevos modelos a la industria española», si bien aseguró que «estudiará el texto definitivo y determinará su posición en los próximos días».

Mientras tanto, Faconauto, que agrupa a los concesionarios, consideró que ambos textos « devuelven la confianza a los compradores al eliminar la prohibición de los vehículos de combustión», si bien emplazó al Ejecutivo a incluir una hoja de ruta «que elimine los vehículos con una antigüedad mayor a diez años».

Por su parte, Ganvam, que representa a la distribución de automóviles, anunció que presentará observaciones al proyecto, que espera que sean incorporadas al mismo durante su tramitación parlamentaria. Su directora general, Ana Sánchez, cree que Teresa Ribera ha actuado «con sutileza», al «camuflar las pretensiones del Ejecutivo sin usar los conceptos "prohibición", diésel" y "gasolina"».

Tras el trámite de este viernes, el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética será sometido a información pública y al informe preceptivo de los Ministerios y del Consejo de Estado. Tras incorporar sus alegaciones, volverá al Gabinete ministerial, donde se dará el visto bueno definitivo para debatirse, posteriormente, en el Parlamento. Un proceso que quedará en suspenso por el adelanto electoral, que también afectará al Plan de Energía y Clima, que deberá ser perfilado de forma conjunta con la Comisión Europea, un proceso que se alargará hasta final de año.