UGT y T&E proponen un plan para acelerar el coche eléctrico en España «de forma justa y sin perder empleo»

Este decálogo de propuestas busca trazar un camino para que la transición hacia la descarbonización del sector se realice de forma ambiciosa y rápida, pero al mismo tiempo justa y ordenada, protegiendo tanto el empleo como la industria nacional.

Según Jordi Carmona, secretario del Sector Automovilístico de UGT FICA, el debate no es si se avanza hacia el vehículo de cero emisiones, sino «cómo alcanzamos los hitos marcados por Europa de forma justa y ordenada.

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Es decir, que nadie se quede atrás, pero que tenga el menor impacto posible tanto en el empleo como en la industria«. Para lograrlo, los autores del documento señalan que la formación y la recalificación profesional de los trabajadores son esenciales, y proponen el desarrollo de un »mapa industrial« que identifique los puestos actuales y los nuevos empleos que se crearán.

En palabras de Laura Vélez de Mendizábal, experta en movilidad eléctrica de T&E en España «nuestro país cuenta con una fiscalidad del vehículo anticuada, por lo que una reforma de la fiscalidad podría ser una herramienta eficaz para dinamizar el mercado del vehículo eléctrico permitiendo establecer una diferenciación clara entre los vehículos eléctricos y los de combustión interna para favorecer el impulso del vehículo eléctrico. Países como Portugal han sabido hacerlo, allí los vehículos sostenibles cuentan con claros beneficios fiscales, por lo que las ventas de eléctricos puros fueron más de 3 veces superiores a las de España en el año 2024».

Para Manuel Riera, técnico del Área de Acción Climática y Transición Ecológica Justa de UGT en Verde «el vehículo eléctrico es una oportunidad para nuestro país, si se hace de forma justa para reducir emisiones, reindustrializar, modernizar la industria y generar empleo de calidad sin dejar a nadie atrás».

Las principales medidas a revisar serían: el impuesto de sociedades, la retribución en especie, la deducción del IVA, el impuesto de circulación y el de matriculación.

En esta misma línea el decálogo señala la necesidad de establecer un sistema de incentivos a la compra del vehículo eléctrico estable, sencillo y sostenido en el tiempo que dé la seguridad normativa a los ciudadanos y al sector para poder acometer este cambio.

También se ha propuesto el leasing o renting social como medida de impulso al vehículo eléctrico en zonas rurales y se ha tratado la introducción del mecanismo de los e-credits para evitar la dependencia de los biocombustibles en el transporte que tiene nuestro país.

Las organizaciones autoras del decálogo han señalado la importancia de limitar el uso del hidrógeno y los e-fuels a los medios de transporte de sectores como la aviación y el transporte marítimo, dada la dificultad que aún existe para su electrificación directa. Pero también la necesidad de fomentar la cadena de valor local a través de la economía circular o el impulso de medidas urbanísticas sostenibles.

Además de las medidas fiscales, el documento pone el foco en la infraestructura y los incentivos. Para cumplir con el reglamento europeo AFIR, España debe acelerar el despliegue de puntos de recarga, poniendo especial atención en zonas rurales, áreas densamente pobladas y lugares de alta afluencia turística. Asimismo, se propone un sistema de incentivos a la compra de vehículos eléctricos que sea estable y sencillo, y se plantea el leasing o renting social como una opción para facilitar la transición en las zonas rurales.

Las organizaciones proponen la introducción de e-credits para reducir la dependencia de los biocombustibles y fomentar el eco-score para incentivar la fabricación de vehículos eléctricos dentro de la UE. También abogan por limitar el uso de combustibles como el hidrógeno o los e-fuels para sectores difíciles de electrificar, como la aviación y el transporte marítimo, y por fomentar la economía circular para fortalecer la cadena de valor local.