Cuatro comunidades autónomas aún no han resuelto ni un euro del Moves III

El Moves III se aprobó a mediados de 2021 como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, cuyos fondos provienen de los europeos Next Generation. En total, se dispusieron 2.000 millones de euros para fomentar la movilidad eléctrica en España, que se reparten entre el Moves Singulares II (tiene como objeto fomentar el I+D, con 100 millones habilitados de 300); el Moves Flotas (50 millones para subvencionar la compra de más de 25 unidades) y el propio Moves III, que incentiva la el parque y la infraestructura eléctrica, a través de la costear parte del importe del vehículo eléctrico —hasta un máximo de 7.000 euros— y de los cargadores privados —hasta un 80% del coste del proyecto—.

Originalmente se habían previsto 400 millones de euros para este capítulo, ampliables en otros 400 millones —este importe ya está contemplado en los Presupuestos de 2021— cuando se agotasen, cosa que ocurrió rápidamente. Cuando pase lo mismo con esta ampliación —previsiblemente antes de que se agote el plazo de ejecución, el 31 de diciembre de 2023—, estos se podrán expandir adicionalmente hasta llegar al importe máximo de 1.535 millones.

De los 400 millones ampliados el pasado junio, ya se han asignado 226,4 millones a nueve comunidades autónomas que han solicitado expandir sus fondos. Algunas, duplicando su partida original, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, con 65,5 y 42,6 millones, respectivamente; y otras, como Madrid, que recibió 30,8 millones, un 50,3% de su presupuesto inicialmente adjudicado. Existen casos de territorios que han pedido una extensión sin haber procesado ni una solicitud, como es el caso de Castilla y León, que cuenta con 2.302 contratos —1.416 de vehículos y 886 de cargadores— sin resolver. Las otras regiones que no han aprobado nada aún son Asturias, Cantabria y Extremadura.

Al tratarse de fondos europeos, requieren un escrutinio especial y la tramitación es «dolorosamente lenta», afirman desde la Junta. En cualquier caso, esas 2.302 solicitudes sumaban 24,8 millones, más de los 20,2 asignados originalmente.

Evolución de la matriculación de coches electrificados

Unidades

9.000

8.321

7.849

julio

7.000

5.000

Ventas

3.000

Tendencia

1.930

1.000

E

E

2021

2022

Evolución del Plan Estado Moves III

Julio de 2022 / En euros

Porcentaje del presupuesto

entregado en ayudas

Presupuesto

total

Cataluña

Madrid

C. Valenciana

Andalucía

Castilla y León

País Vasco

Canarias

Navarra

Galicia

Aragón

Baleares

Castilla-LM

Murcia

Extremadura

Asturias

Cantabria

La Rioja

Melilla

Ceuta

32,3%

51,5%

18,2%

2,1%

0,0%

40,7%

11,2%

73,2%

45,1%

23,5%

10,1%

2,7%

2,0%

0,0%

0,0%

0,0%

10,8%

0,0%

0,0%

131.175.530

87.902.998

85.264.796

71.353.365

40.377.288

37.641.455

32.212.992

23.413.349

Ayudas entregadas

22.775.753

0%

19.411.480

De 0 a 25%

18.275.856

De 25 a 50%

17.240.773

12.739.521

8.969.382

8.588.130

4.913.764

2.696.806

734.032

709.805

Fuente

Comunidades autónomas / elaboración propia

ABC

Evolución de la matriculación

de coches electrificados

Unidades

9.000

7.849

julio

8.321

7.000

5.000

Ventas

3.000

Tendencia

1.930

1.000

E

E

2021

2022

Evolución

del Plan Estado Moves III

Julio de 2022 / En euros

Porcentaje

del presupuesto

entregado en ayudas

Presupuesto

total

Cataluña

Madrid

C. Valenciana

Andalucía

Castilla y León

País Vasco

Canarias

Navarra

Galicia

Aragón

Baleares

Castilla-LM

Murcia

Extremadura

Asturias

Cantabria

La Rioja

Melilla

Ceuta

32,3%

51,5%

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131.175.530

87.902.998

85.264.796

71.353.365

40.377.288

37.641.455

32.212.992

23.413.349

22.775.753

19.411.480

18.275.856

17.240.773

12.739.521

8.969.382

8.588.130

4.913.764

2.696.806

734.032

709.805

Ayudas entregadas

0%

De 0 a 25%

De 25 a 50%

Fuente

Comunidades autónomas / elaboración propia

ABC

En julio, aun quedan siete regiones por solicitar una ampliación de sus fondos. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), el organismo que depende del Ministerio de Transición Ecológica para gestionar este presupuesto, Galicia está tramitando una extensión de fondos por otros 22,7 millones y esperan que «en los próximos meses» se aprueben las de Extremadura (8,9 millones), Asturias (8,6), Cantabria (4,5) y La Rioja (2,1). En total, suman 46,8 millones, por lo que de la segunda expansión de 400 millones, solo quedarían por repartir 129,5 millones, a 18 meses de que se acabe el plazo.

Una de las preocupaciones que pueden surgir es si dará tiempo de distribuir los fondos, gestionados por cada comunidad autónoma, dado que algunos territorios aún no han resuelto ninguno, pero los gobiernos regionales se muestran confiados en poder procesar las solicitudes antes de 2023.

La situación de ejecución del Moves III al arrancar julio es de solo haber resuelto 81,4 millones de euros, apenas un 13% de los 626,4 millones concedidos a las comunidades autónomas en total. En términos porcentuales destaca Navarra, que ha cumplido un 73,2% de su presupuesto original de 5,5 millones —sobrepasando su partida para puntos de carga, por lo que solicitó otros 17,8 millones— y en el lado contrario Andalucía, que cuenta con el mayor presupuesto (71,3 millones), pero apenas ha resuelto un 2,1%: 1,4 millones.

Desde el IDAE confirman que los nueve territorios que han ampliado su capital ya han recibido el comunicado oficial, por lo que han de publicar su nueva convocatoria en los boletines regionales, cosa que desde el Gobierno de Castilla y León consideran que ocurrirá «en cuestión de semanas».

De momento, los fondos se están resolviendo por lista de espera, dando prioridad a los más antiguos. Aunque Pedro Sánchez ya ha afirmado que se han ampliado los fondos, estos no están realmente disponibles. Al menos no hasta que cada comunidad publique en su boletín oficial la ampliación de la convocatoria, algo que se espera que se haga en las próximas semanas.

Una de las críticas que ha recibido la articulación del Moves III por parte del presidente de la asociación española de fabricantes de vehículos (Anfac), Wayne Griffiths, es su complejidad fiscal.

Mientras en Alemania un particular puede recibir 9.000 euros de bonificación para comprar un coche eléctrico, en España las subvenciones se consideran ganancias patrimoniales y tienen el riesgo de cambiar el tramo del IRPF. Además, no se perciben íntegramente, sino que, en función de los ingresos del ciudadano, se tendrá que devolver entre el 19% y el 47% de la ayuda percibida en la declaración.

Para el director de Aedive, la asociación que aboga por el impulso del vehículo eléctrico, Arturo Pérez de Lucia, estos incentivos no son todo lo óptimos que podrían ser: «Tiene que haber una ayuda directa y una reducción del IVA», afirma. De hecho, una reforma fiscal es algo por lo que su organización, junto con Anfac o los representantes de los concesionarios oficiales (Faconauto), están abogando para fomentar la demanda de la movilidad cero emisiones.

Es difícil determinar hasta qué punto afecta la lentitud de aprobar las ayudas —existen solicitudes con más de un año de antigüedad— en la compra de un coche eléctrico y no se debe a otros factores como la falta de inventario provocada por la escasez de semiconductores.

Durante la primera mitad del ejercicio, las ventas mensuales de estos vehículos se habían estancado en el umbral de las 6.000 unidades, con una penetración de mercado en torno al 8% —cuando las matriculaciones totales de turismos eran más bajas, su cuota era mayor—.