Los concesionarios piden protección para su actividad empresarial y el empleo

La modificación que se propone a la Ley de Agencia pretende establecer un mínimo marco indemnizatorio para los concesionarios en caso de extinción unilateral del contrato que los vincula con sus marcas en tres aspectos muy concretos: inversiones no amortizadas, fondo de comercio y personal laboral ligado a su actividad.

Para Faconauto, el apoyo a la citada enmienda es urgente, porque actualmente hay una clara tendencia de las marcas a la concentración o a que los contratos de distribución pasen a ser de agencia, lo que lleva consigo una cancelación de sus contratos vigentes, algo que en algunas marcas implica su cierre en pocas semanas.

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Gerardo Pérez, presidente de Faconauto, ha explicado que «en mercados de nuestro entorno en los cuales la distribución también tiene un importante peso en su economía, se han introducido recientemente modificaciones legislativas similares a las que propone Faconauto». Según entienden desde esta asociación, en Italia, se aprobó en agosto de 2022 un marco regulatorio parecido a la que incluye la enmienda del PdCAT. De igual forma, en noviembre del año pasado el Grupo Republicano de la Asamblea Nacional francesa propuso una modificación al actual Código de Comercio galo que garantizaría que las inversiones exigidas a los concesionarios sean razonables según el contexto económico.

Por el contrario, desde Anfac entienden que «la enmienda pretende una solución y una legislación que sólo está presente en Italia y Bélgica. No es cierto, por tanto, que España sea la excepción, sino al revés, es Italia el único país que regula específicamente este asunto, tal y como demuestra el Informe Jurídico Independiente elaborado por el Despacho Gómez-Acebo & Pombo».

Desde la Asociación de Fabricantes Anfac no están de acuerdo con el contenido de esta enmienda, ya que, desde su punto de vista «no entendemos el por qué de esta enmienda en un momento en el que las relaciones entre marcas y concesionarios está en el mejor momento de los últimos cinco años, tal y como demuestra la propia encuesta de VCON, presentada el pasado 1 de marzo en el marco del Congreso anual de Faconauto. Según esa encuesta, los niveles de satisfacción de los concesionarios con sus marcas están en niveles récord de los últimos cinco años. Y no sólo la satisfacción, también la rentabilidad es la mayor del último quinquenio. Por tanto, no existe un conflicto generalizado como arguye Faconauto», explican.

Por su parte la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (GANVAM) considera que la modificación en la Ley sobre el Contrato de Agencia que impulsa el PdeCAT «facilitaría a los jueces instrumentos para proteger al concesionario en un contexto en el que las relaciones marca-distribuidor están desequilibradas». Así, argumentan que «si el Parlamento aprobase esta modificación de la Ley sobre el Contrato de Agencia, los jueces sí contarían con un instrumento adicional en favor de los distribuidores. No obstante, las leyes son irretroactivas, por lo que «para no levantar falsas expectativas es importante tener en cuenta que, salvo que por disposición transitoria se indique lo contrario, la enmienda no se podría aplicar a contratos o situaciones anteriores a su entrada en vigor», aclara el director Corporativo de Ganvam, Jaime Barea.

Según Faconauto, la actividad de los concesionarios en nuestro país sólo se ve amparada por normas europeas, sin que entren en aspectos esenciales para el sector, y también por el derecho general español. Por el contrario, prácticamente en todos los países de nuestro entorno el sector tiene algún tipo de norma específica.

Desde Anfac han explicado a este diario que «en España ya existe una protección a los concesionarios, recogida por el Tribunal Supremo, que indica en qué supuestos se aplican análogamente las indemnizaciones de la ley de contrato de agencia. Acuerdo de la Sala 1ª del TS de 10 de diciembre de 2005. Y existe una normativa europea que obliga a un preaviso de dos años a cualquiera de las dos partes para la cancelación o no renovación del contrato de concesión».

Faconauto considera de este modo necesario culminar un proceso que evite que España «sea el único país con un tejido empresarial y laboral como representan sus concesionarios de automoción que deje a estos en una situación de desamparo legal». «Necesitamos que los partidos políticos aprueben este equilibrio legal para asegurar las importantes inversiones que hacen los concesionarios en cada rincón de nuestro país. Sin este amparo legal, cuando una marca decide de la noche a la mañana reestructurar su actividad, como ahora mismo está ocurriendo, se pone en riesgo un tejido muy valioso formado por pymes y miles de puestos de trabajo cualificados«, ha declarado Gerardo Pérez.