Bruselas da 1.800 millones a baterías pero deja al mercado sin ayudas

El plan de acción para apoyar a la industria automovilística europea, que ya había anticipado el lunes la presidenta Ursula von der Leyen, pretende contribuir a que este sector sea fuerte, sostenible y una fuente de innovación, pero indefectiblemente enfocado al motor eléctrico. Para empezar, se ha decidido destinar 1.800 millones de euros para que Europa pueda fabricar sus propias baterías, necesarias para el crecimiento de los vehículos eléctricos, con una cadena de suministro segura y competitiva para las materias primas de las baterías, y otros 1.000 millones para desarrollar vehículos autónomos.

El Comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, presentó este plan que para empezar evitará que los fabricantes de automóviles que no cumplan sus objetivos de reducción de CO2 tengan que pagar multas en 2025. Este mecanismo consistirá en tener en cuenta las emisiones a lo largo de tres años, de 2025 a 2027, en lugar de solo un año, lo que dará tiempo a los que lleguen rezagados para ponerse al día, sin penalizar a los que tengan un buen desempeño, que tendrán su propio crédito de emisiones.

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Por ahora se trata solamente de un aplazamiento, no un cambio del plan, por lo que la Comisión espera que en este tiempo de prórroga los constructores europeos aprovechen para acelerar su transición hacia la movilidad sin emisiones. Sin este cambio, que aún ha de ser aprobado formalmente por Parlamento y Consejo, varias de las marcas más importantes de coches estarían obligadas a pagar multas gigantescas, mientras que los fabricantes extraeuropeos de coches eléctricos se beneficiarían económicamente. La Comisión también acelerará el trabajo de preparación de la revisión prevista del Reglamento sobre normas de CO2 para automóviles y furgonetas que tiene que tener en cuenta la situación de los fabricantes.

Tzitzikostas reconocía ayer que una de las causas de esta situación es que «las empresas europeas se están quedando atrás en tecnologías clave como las baterías, el software y la conducción autónoma», por lo que en materia de innovación y digitalización se pretende «recuperar nuestra posición de liderazgo en la conexión de vehículos autónomos», un sector en el que ninguno de los países miembros ha empezado siquiera a legislar, mientras que «China y Estados Unidos ya han pasado de las pruebas en carreteras abiertas a las operaciones comerciales». Por ahora Bruselas está dispuesta a invertir otros 1.000 millones para «garantizar que la próxima generación de vehículos no sólo se fabrique en Europa, sino que la innovación se base en tecnología europea».

La propuesta de reforma de las reglas del sector automovilístico surge del proceso de diálogo estratégico que puso en marcha Von der Leyen en enero para que todos los actores pudieran aportar sus reflexiones sobre el futuro de la industria e intentar garantizar un horizonte sostenible para el principal motor fabril del continente. Por ahora, los grupos ambientalistas han reaccionado con cierta mesura a esta propuesta de la Comisión, que contemplan como «un regalo» a los constructores y esperan que «sea el último».

Von der Leyen considera que en el mercado mundial de la movilidad «aún hay mucho potencial sin explotar en lo que respecta a la innovación y las soluciones limpias y por ello quiero ver a nuestra industria automovilística tomando la iniciativa», en parte también ayudada por medidas que en otros tiempos habrían sido calificadas de proteccionistas. En efecto, para evitar «dependencias estratégicas». En este contexto, la Comisión pone de relieve el abastecimiento del sector, especialmente en lo que respecta a las baterías. «Estas representan entre el 30» y el 40% del valor de un eléctrico y son motores de competitividad«, destacó el comisario de Transportes, que considera también que »para ser competitiva, Europa debe ser capaz de abastecerse y producir acumuladores«. Por ello, la Comisión ha destinado 1.800 millones de euros para ayudas al desarrollo de una cadena de suministro para los fabricantes comunitarios. También prevé establecer criterios de preferencia europea para las baterías y componentes vendidos en la UE. Además, tal y como se anunció la semana pasada, se prevé la creación de un nuevo centro para materias primas críticas, de modo que »a partir de 2026, los actores del sector del automóvil tendrán acceso a materiales a costes reducidos«.

Bruselas entiende que los consumidores necesitan estímulos económicos para comprar eléctricos e instará para ello a los gobiernos nacionales que tomen medidas para coordinar y hacer equivalentes esas fórmulas de subvención, para que no pueda haber distorsiones en el mercado interior, dejando atrás las esperanzas de que existiera un plan comunitario.

Además, solicitan que las administraciones den ejemplo y electrifiquen sus flotas. El Plan de Acción presentado ayer va acompañado de una Comunicación sobre la descarbonización en la que se destacan los ejemplos de mejores prácticas y se anima a los Estados miembros a adoptar medidas para electrificar las flotas empresariales, que representan alrededor del 60 % de las matriculaciones de vehículos en la UE.

Ninguna referencia al futuro –o su falta de él– de los vehículos de motor de explosión, a pesar de que desde el Parlamento Europeo varios grupos están pidiendo la revisión de la prohibición de su venta, programada para 2035. «Nos ceñiremos a nuestros objetivos de emisiones acordados», dijo el comisario, «pero con un enfoque pragmático y flexible. Nuestro objetivo común es una industria sostenible, competitiva e innovadora en Europa que beneficie a nuestros ciudadanos, nuestra economía y nuestro medio ambiente».

La ACEA acoge con satisfacción el reconocimiento del Plan de Acción de la necesidad de agilizar la regulación, trabajar en la simplificación regulatoria y tomar medidas para mejorar la ventaja competitiva de Europa en otros campos, como la conducción autónoma.

Sigrid de Vries, directora general de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), ha reaccionado a este anuncio declarando que «La flexibilidad propuesta para cumplir los objetivos de CO2 en los próximos años es un primer paso positivo hacia un enfoque más pragmático de la descarbonización dictado por las realidades geopolíticas y del mercado. Promete un cierto margen de maniobra para los fabricantes de automóviles y furgonetas, siempre que las medidas de demanda y de infraestructura de recarga, tan necesarias, se pongan en marcha ahora».

A pesar de que se han esbozado varias medidas prometedoras para impulsar el despliegue de infraestructura y la adopción de vehículos pesados de cero emisiones «este segmento de vehículos aún carece de un compromiso explícito para lanzar la revisión de los estándares de CO2 en 2025, incluida una evaluación urgente de las condiciones propicias», añadió de Vries.

El paquete de medidas para reflotar la industria, mantener una sólida base de producción europea y evitar dependencias estratégicas incluye también un apoyo 1.800 millones de euros del Fondo Europeo de Innovación en dos años para las empresas que fabriquen baterías para coches eléctricos en el territorio de la UE.

Por otro lado, la Comisión seguirá desarrollando el marco regulador de los vehículos autónomos con acciones contarán con el apoyo de inversiones público-privadas de alrededor de 1.000 millones respaldadas por el Programa Horizonte Europa durante el período 2025-2027.

La Federación de asociaciones de concesionarios de la automoción (Faconauto) ha pedido este miércoles un cambio «urgente» en el sector de la automoción y ha propuesto la puesta en marcha de un plan fiscal y de incentivos con dos vías de actuación, según ha detallado la presidenta de la patronal, Marta Blázquez, en su intervención en la inauguración del Congreso Faconauto 2025.

En referencia a las propuestas de la Comisión Europea conocidas este miércoles para el automóvil, Blázquez se ha felicitado de que «Europa ha escuchado» al sector del automóvil.

«Parece que se han leído el 'Informe Draghi'... y nos han escuchado. Nosotros valoramos positivamente esa flexibilidad que le está dando (la Comisión Europea) a la industria y ese apoyo al sector porque no hay otro camino», ha apuntado Blázquez.

También ha dicho que es necesaria «una respuesta común». «Por eso yo pienso que es el momento del pragmatismo y del sentido común», ha reiterado.

Además, ha dicho que es imprescindible que el Parlamento Europeo y el Consejo aprueben cuanto antes las medidas «que darán estabilidad al sector y claridad a los ciudadanos, evitando una Europa a dos velocidades que perjudique a determinados mercados y ralentice las inversiones necesarias».

Asimismo, Blázquez ha subrayado que el objetivo debe ser claro: «consolidar un sector fuerte que continúe siendo un motor económico y social, sin que la descarbonización se convierta en un freno para su crecimiento».