El PSOE «se olvida» de la subida al diésel y esquiva el veto a los coches a gasoil y gasolina

El gasoil fue de hecho denostado por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera («tiene los días contados», dijo en julio), cuyo departamento presentó un anteproyecto de Ley de Cambio Climático en el que fija el objetivo de alcanzar «un parque de vehículos sin emisiones de CO2 en 2050», algo imposible de alcanzar por los modelos diésel, gasolina o híbridos de hoy.

Parque de turismos y vehículos comerciales sin emisiones de CO2 en 2050

El programa del PSOE evita mencionar expresamente el veto a los coches diésel o gasolina, y se queda en un «compromiso» para «seguir impulsando la transición hacia una economía descarbonizada y digital en el sector de la automoción». Remite al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima , desarrollado en el anteproyecto de Ley sobre Cambio Climático (en fase de consulta pública). En él recoje el objetivo de alcanzar un parque móvil sin emisiones directas de CO2 en 2050, estimando el año 2040 como fecha límite para permitir su matriculación.

Su programa electoral también hace referencia al Plan Estratégico de Apoyo Industrial al Sector de la Automoción 2019-2025, anunciado en marzo y pendiente de rubricar con la industria. Según adelantó la ministra Reyes Maroto, estaría dotado con 2.634 millones de euros para acompañar al sector en su proceso de transición, facilitando «la creación de empleos de alta cualificación, la innovación y un nuevo tejido industrial, altamente competitivo».

Este plan también contempla destinar 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025 (200 millones por año), a la adquisición de vehículos «limpios», presumiblemente eléctricos, y la instalación de puntos de recarga. Un compromiso que sí se recoge específicamente en el programa, apostando por la «electrificación del transporte» y establece la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica en las estaciones de servicio». En cuanto a las infraestructuras propone un incremento en las inversiones en seguridad y en mantenimiento, así como en actuaciones para reducir la contaminación y el impacto ambiental, de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. En este sentido, plantea renombrar el ministerio de Fomento como «de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana».

Renovación del parque e incentivos al coche eléctrico, pero sin restringir el diésel

Propone una fiscalidad que promueva la renovación del parque y eliminar las que considera «restricciones indiscriminadas» a los vehículos diésel. Un término que sólo el PP menciona expresamente. Su intención también es promover la sustitución de los vehículos de transporte público contaminantes por otros de cero emisiones, impulsando la movilidad eléctrica dentro de la propia Administración.

Asimismo, el Partido Popular contempla aprobar planes autonómicos y locales para la renovación del parque automovilístico sacando de las carreteras los vehículos más contaminantes, además de fijar las bases para el establecimiento de un marco regulatorio para el desarrollo e implantación del vehículo autónomo. Ello mientras rechaza «las prohibiciones a los vehículos de combustión. Debe ser la evolución tecnológica y las decisiones de los consumidores los que marquen el ritmo», señala en su programa.

Fomento del uso y fabricación en España de coches eléctricos y alternativos

El partido de Pablo Iglesias contempla numerosas medidas pra incentivar el uso y fabricación de vehículos de cero emisiones en España. Su objetivo es que el número de vehículos eléctricos o de tecnologías alternativas a la combustión vendidos en España aumente al 25% en 2025 (actualmente suponen el 0,5%) y hasta el 70% en 2030, para aproximarnos al objetivo del 100% en 2040.

Para conseguirlo proponen una colaboración del Estado con los fabricantes para que puedan adaptar sus cadenas de montaje en España a la producción de coches de cero emisiones, y establecer una línea de inversión público-privada de alto impacto para desarrollar nuevas tecnologías de baterías en España.

Asimismo contemplan ayudas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos, en función de la renta del comprador, de hasta el 20% del precio; la creación de zonas prioritarias de recarga de carácter público; y medidas como crear una tarjeta única de transporte, gratuita para menores de 26 años y a un precio asequible para el conjunto de la población. También pretenden que la Administración Pública de ejemplo, «acelerando la sustitución de su propio parque móvil de vehículos». También buscan potenciar el uso de los particulares «de bicicletas o soluciones públicas de transporte colectivo», que sería gratuito para los menores de 26 años.

Incentivos a la renovación, recarga para eléctricos y apoyo a motoristas y ciclistas

Ciudadanos se pone como objetivo electoral que España lidere la industria de las baterías y los vehículos cero emisiones. Para ello contempla en su programa incrementar el presupuesto de I+D+i, así como incentivar la renovación del parque automovilístico privado por modelos menos contaminantes. La formación de Albert Rivera propone asimismo impulsar la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y renovar las flotas del transporte público para que sean 100% sostenible, aprobando una Ley de Financiación del Transporte Público.

Junto al PP, es la única formación política que menciona en su programa a los vehículos de dos ruedas, con medidas concretas para proteger a motoristas y ciclistas: un Plan Estatal de Sustitución de Guardarraíles por otros con sistemas de protección y nuevas medidas de señalización y seguridad vial.

Reducción del IVA para los eléctricos y ayudas a vehículos menos contaminantes

Vox propone reducir el IVA del 21% al 10% para la adquisición de vehículos clasificados como 0 emisiones por la DGT, y siempre que tengan una autonomía eléctrica superior o igual a 200 kilómetros -una iniciativa planteada por la patronal Anfac a Bruselas, de quién depende el visto bueno final-. Además contempla la creación de «un único marco legislativo en sustitución de las 5 leyes de cambio climático actuales y los 54 planes de calidad del aire de las distintas autonomías y municipios». Asimismo, plantea «un plan de ayuda para impulsar la renovación de los vehículos de más de 12 años, incluyendo los de cualquier tipo de propulsión». Ello en el marco de «una transición ordenada que permita a las fábricas adaptarse a los nuevos retos».