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El objetivo de eléctricos de Sánchez, viable solo si hay incentivos cuantiosos

Los expertos avisan de que hacen falta ayudas a nivel nacional «con una dotación superior a la actual» y nuevos planes Renove con neutralidad tecnológica

Exposición de vehículos eléctricos en Barcelona Inés Baucells
Unai Mezcua

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Dicen que cuando John F. Kennedy prometió, en 1962, poner un estadounidense en la Luna «antes de que acabe esta década» se guardaba un as en la manga. El presidente americano se daba de plazo no hasta el 31 de diciembre de 1969 -finalmente se lograría el 20 de julio de ese año-, sino hasta el último día de 1970, como aclara el Diccionario Panhispánico de Dudas. Algo que permitiría arañar a la NASA unos cuantos meses para el caso de que el reto se pusiera excesivamente cuesta arriba. Y es que en cualquier promesa complicada, como la de que en 2023 circularán 250.000 vehículos eléctricos en España que enunció Pedro Sánchez la semana pasada, el secreto puede esconderse en los detalles.

Según los nuevos planes del Ejecutivo, el impulso del plan de recuperación con fondos europeos -unos 72.000 millones en los tres próximos años- se utilizará para adelantar los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En lo concerniente al automóvil, dentro de solo tres años circularán en España 250.000 vehículos eléctricos de todo tipo y habrá 100.000 puntos de recarga, si se cumple lo que prometió el presidente del Gobierno. La cifra supondría casi triplicar en tan solo tres años el parque actual, y multiplicar por trece el número de electrolineras respecto a las 7.800 actuales.

Compromiso impreciso

«El objetivo es ambicioso (dado el punto de partida tan malo que tenemos actualmente) pero viable», cree Carlos Bravo, responsable de la federación ecologista Transport&Environment (T&E). «El camino hacia esta penetración del vehículo eléctrico no es imposible pero, obviamente, es verdad que requerirá de ciertas modificaciones en el marco regulatorio así como significativos incentivos para impulsar el transporte cero emisiones y fomentar la inversión pública y privada en el despliegue de la infraestructura de recarga», apunta Bravo. El problema de partida, como señala el experto, es que España está muy rezagada. Hasta octubre se han vendido apenas 24.359 eléctricos de todo tipo, según los datos de la asociación del vehículo eléctrico Aedive y la patronal de vendedores de vehículos Ganvam. La cifra supone un incremento del 43% (en parte gracias al plan de ayudas Moves, aprobado en julio, con incentivos de hasta 5.500 euros), pero las ventas en nuestro país siguen muy lejos de las registradas en otros países de la Unión Europea. Los vehículos eléctricos suponen el 3% de las matriculaciones en lo que llevamos de año, el segundo peor dato tras Polonia, y lejos del 8% en el que se situaba hasta agosto la media europea.

Hay varios puntos, en cualquier caso, que ayudarán al cumplimiento del objetivo. El primero es el incremento notable de la oferta de coches eléctricos en los próximos meses por las normas anticontaminación de Bruselas (ya hay más de 200 modelos a la venta). Según Transport&Environment, este año los eléctricos triplicarán su cuota de mercado en Europa, hasta el 10% de media. Y el año que viene crecerán hasta el 15%. Otro viento a favor es la gran inversión que han comprometido las energéticas para solucionar el problema de los puntos de recarga, puesto que empresas como Iberdrola, Endesa o Repsol habían anunciado con anterioridad fuertes inversiones. Pondrán igualmente de su parte los propios fabricantes, a través de proyectos como la red de recarga Ionity.

También pueden esconderse varios «trucos de Kennedy» tras el enunciado del Ejecutivo. Sánchez hablaba en su discurso de vehículos eléctricos, lo que puede incluir no solo turismos, sino también comerciales, industriales, autobuses o incluso motocicletas. Según lo que se considere, supone pasar de afirmar que ya hay 78.400 unidades -lo que se prevé a final de año- o más de 100.000. Y el Plan de Energía y Clima, de donde mana el objetivo, añade también como eléctricos a los híbridos enchufables, otros 25.300 en la actualidad. Su expresión deja además en el aire si se refiere a parque total o a matriculaciones: «En los próximos tres años», dijo Sánchez, «vamos a apostar por una estrategia de despegue de la electrificación de la movilidad que desplegará más 250.000 vehículos eléctricos nuevos en 2023, como hito para lograr los 5 millones en 2030».

Al margen de cifras concretas, «para disponer en España de un parque de vehículos de energías alternativas que permita cumplir los objetivos de descarbonización y calidad del aire, se requiere de un buen marco regulatorio y de incentivos que facilite e incentive el uso de combustibles alternativos y el desarrollo de las infraestructuras de recarga», explica a ABC Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción, Industria y Química de KPMG en España. La experta destaca que «está demostrado que el uso de un vehículo eléctrico frente a uno de combustión, actualmente y bajo el principio del Coste Total de Propiedad (CTO) puede suponer para el consumidor español un ahorro de unos 20.000 euros en un plazo medio de 8 años, sin embargo».

Ahora bien, la elevada inversión inicial «sigue constituyendo una barrera en su decisión de compra». Por lo tanto, en lo que esta decisión no venga estrictamente condicionada por el precio, «las autoridades deben impulsar los planes de incentivos a la compra a nivel nacional, con una dotación superior a la actual y mantenida en el tiempo y lo que es más importante dirigidos a la renovación del parque y a la reducción de emisiones con una visión de neutralidad tecnológica», dice Cristeto. En este sentido, coincide con la asociación de fabricantes Anfac, que reclama un plan sostenido para el achatarramiento de vehículos de mayor antigüedad. Y especificamente para los eléctricos, propone un Plan Moves III con 450 millones al año, de los que 250 se destinen a vehículos eléctricos y 200 a infraestructuras -el actual Moves II, aprobado en julio, está dotado con 100-.

España también está a la cola en puntos de carga por cada 100.000 habitantes. Con 3,8, se sitúa muy por debajo de los 175 de Noruega o los 24 de Francia. Para paliarlo, Anfac propone fijar objetivos intermedios de instalación, con 48.000 puntos de recarga de acceso público para el 31 de diciembre de 2022, donde, al menos, exista uno por cada 100 kilómetros de carretera de la Red Básica de Carreteras y Red General de Carreteras del Estado. «Dentro de estos objetivos a su vez se deberá priorizar la instalación de los puntos de recarga rápida y ultrarrápida (...) y garantizar la interoperabilidad, antes del 31 de diciembre de 2020», dicen desde Anfac. Por su parte, Bravo pide incluir en los planes de incentivo a al transporte pesado de mercancías, «olvidado por el Gobierno». Ganvam y Aedive, de su lado, piden que el incentivo al achatarramiento de un coche antiguo no vaya aparejado solo a la compra de otro coche, sino también a bolsas de kilómetros para canjear en soluciones de movilidad eléctrica compartida.

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