El Gobierno aún no ha compartido con los fabricantes el Perte de automoción

Anfac avisa que España «tiene un problema de infraestructura de recarga» eléctrica y pide establecer objetivos vinculantes para tratar de alcanzar al resto de Europa

¿Qué es un Perte?

Pedro Sánchez, junto al Rey Felipe VI, Reyes Maroto y los presidentes de Volkswagen y Seat, Herbert Diess y Wayne Griffiths, durante una visita a la fábrica de Martorell Efe

Unai Mezcua

07/07/2021
Actualizado 14/07/2021 a las 13:35h.

Aunque es el proyecto estrella de los fondos europeos, el Gobierno aún no ha compartido con los fabricantes automovilísticos la letra pequeña del Perte del coche eléctrico. «Desconozco los detalles. Por boca de la ministra (Reyes Maroto) sabemos que habrá cantidades de miles de ... millones pero no más », aseguró ayer el presidente de Anfac, José Vicente de los Mozos, también responsable mundial de fabricación del Grupo Renault, en un encuentro con periodistas. «No conocemos el tipo de exigencias administrativas ni el detalle de las ayudas. Estamos esperando a saber algo más», abundó José López-Tafall, el director general de la asociación, que agrupa a los fabricantes automovilísticos.

El Perte (acrónimo de proyecto estratégico de recuperación) de automoción, anunciado en marzo, engloba toda la infraestructura necesaria para producir en España vehículos eléctricos y conectados, incluyendo la fabricación de baterías. Su aprobación en el Consejo de Ministros, prevista inicialmente para junio, se espera ahora para antes de agosto. Precisamente ayer, la ministra Maroto se encontró en Barcelona con el presidente de Seat, Wayne Griffiths . El grupo Volkswagen, al que pertenece la española, junto con Iberdrola, formará parte de dicho Perte.

Desde Anfac incidieron ayer en España sufre una carestía de puntos de recarga, que desincentiva la venta de vehículos eléctricos. «Tenemos un problema de infraestructura», apuntó De los Mozos. La asociación ha reclamado fijar unos objetivos vinculantes de aquí a 2030, así como eliminar barreras regulatorias. Esta semana, por ejemplo, un directivo de una marca lamentaba que el 40% de los puntos de recarga que quieren instalar hasta final de año están paralizados por los trámites administrativos. « Hace falta una ventanilla única para pedir y realizar los trámites», piden desde el sector.

España, con 245 puntos de recarga públicos por cada millón de habitantes, es el país más atrasado de Europa, tan solo por delante de Grecia. Un ranking que lideran, a una distancia abismal, Países Bajos, con 4.760, y Noruega, con 3.588, según datos de Anfac y el European Alternative Fuels Observatory. Francia, con 686, y Alemania, con 567, también se sitúan por delante.

«Si no aceleramos las infraestructuras, el mercado (de eléctricos) no se acelerará», según De los Mozos. «Con esta velocidad no nos vamos a equiparar con Francia y Alemania», donde están las casas matrices de los fabricantes que producen en España. «Producir donde no hay mercado es un problema, por el coste del transporte y porque éste va a estar penalizado -por las normativas europeas- si se emite CO2».

Imposición «sin consultar al ciudadano»

Anfac espera que este año se matriculen unos 925.000 coches, un 8,7% más que en 2020 pero un 26% menos que en 2019. De ellos, solo 19.000 serán eléctricos (un 8,6% más), según la federación de concesionarios Faconauto, cuyo presidente, Gerardo Pérez, cargó el martes con dureza contra las «voces interesadas» que quieren «forzar la llegada del coche eléctrico». En el XXX Congreso de Faconauto, Pérez consideró que dicha llegada «se está haciendo sin contar con las necesidades del ciudadano medio y sin que el propio país esté preparado».

Para impulsar la demanda de este tipo de vehículos, Anfac reclamó ayer bonificar su impuesto de circulación, mejorar las bonificaciones en el IRPF y que las ayudas para su compra, como el Plan Moves, estén exentas de tributar en el IRPF . Además, la asociación pide que el Ejecutivo apoye en Bruselas la instauración de un IVA reducido para estos vehículos. Al mismo tiempo, De los Mozos planteó que si se dieran de baja 19 millones de coches antiguos hasta 2030 las emisiones se podrían reducir un 54%, y pidió al Ejecutivo que plantee medidas para incentivar su achatarramiento.