La prensa conservadora británica marca distancias con el nuevo órgano de control

Este grupo de diarios de tendencia conservadora, que incluye al tabloide «Daily Express», han anunciado que pedirán asesoramiento jurídico antes de tomar una decisión sobre si sumarse o no al nuevo marco regulatorio. En un duro editorial contra la última propuesta sobre la mesa, «The Times» recuerda que «el papel de la prensa es controlar al gobierno, no debería ser al revés». En su comentario diario , el «número dos » del «Daily Telegraph», Benedict Brogan, se muestra más explícito:

«Los grupos de periódicos más grandes han decidido pensárselo, pero no hace falta ser un genio para deducir que se inclinan hacia el rechazo [del órgano de control propuesto por la clase política]; por mi parte, y es una opinión personal, creo que deberíamos tomar nota del resultado, agradecer a los políticos por su compromiso, y discreta pero firmemente declinar sumarnos», dice el influyente periodista.

La reclamación de un nuevo organismo de control de la prensa –cuyos contornos deberían estar recogidos en una ley–, contenida en el informe publicado en noviembre por el juez Brian Leveson después de 16 meses de investigación sobre el escándalo de las escuchas ha desatado una fuerte controversia institucional en el Reino Unido. De un lado, el primer ministro, David Cameron, se situó del lado de los editores cuando aseguró que «no cruzaría el rubicón» de legislar las actividades de los medios escritos. Gran Bretaña, dicen, no tiene una ley de prensa desde hace más de 300 años, y creen que fijar legislativamente un marco regulatorio podría dañar la libertad de prensa.

En el otro lado, sus socios liberales y la oposición laborista prefirieron sumarse a las posturas de las víctimas de los excesos de la prensa británica. El viceprimer ministro Nick Clegg y el laborista Ed Miliband han defendido siempre la necesidad de algún tipo de anclaje legal para el nuevo órgano regulador que deberá sustituir, tal y como exigía Leveson , a la ineficaz Comisión de Quejas de la Prensa. Su informe concluye que esta fue incapaz de prevenir el llamado «escándalo de las escuchas», que terminó por salpicar a todo el «establishment británico»: periodistas, políticos y policías.

La clase política alcanzaba en la madrugada del lunes una solución de compromiso para establecer un nuevo órgano de control de la prensa, «independiente» del poder político y «voluntario» para los distintos medios, y capaz de imponer multas de hasta un millón de libras. El consenso a tres bandas emergió en una dramática negociación nocturna en la noche del domingo en el despacho parlamentario del jefe de la oposición, Ed Miliband. A las 3.20 de la madrugada, según ha trascendido, el «premier» Cameron enviaba su visto bueno por SMS a su representante en la negociación, Oliver Letwin, su asesor político y «padrino» de la alambicada fórmula alcanzada.

Los partidos tendrían ahora que aprobar por una mayoría de dos tercios enmiendas a la Ley de Empresa y a una ley penal para apuntalar una arcaica figura legislativa, conocida como cédula real (o «royal charter» en inglés). Se trata de una fórmula legal extraparlamentaria de origen medieval utilizada para la creación de ciudades, la BBC, la Royal Opera House o la universidad de Cambridge. Y consiste en un pergamino que firma la Reina y que custodia el parlamento –que no participa en su aprobación– en un sobre lacrado.

Los analistas consideran que esta figura, revisada cada diez años en el caso de la BBC, ha servido de garantía de la independencia de la cadena pública frente a posibles interferencias del poder político. Ahora, los tres partidos quieren que una «Royal Charter» establezca un órgano supervisor, compuesto por personalidades independientes y un único representante de la prensa, responsable de controlar y nombrar a los miembros del nuevo organismo regulador, que estará compuesto por independientes y por representantes del sector.

A diferencia de la situación anterior, el nuevo organismo podrá imponer multas a los medios de hasta un millón de libras y podrá forzarles a publicar textos de disculpa en portada. Además, la industria ya no tendrá capacidad de veto sobre los miembros que compondrán el nuevo «gendarme» de los medios. Un comité compuesto por tres tercios de editores, periodistas e independientes redactará un nuevo código de conducta, aunque el órgano supervisor podrá «tumbar» sus propuestas.

En general, muchos grupos de prensa consideran que los políticos han aceptado demasiadas exigencias de colectivos de víctimas de abusos de la prensa como «Hacked Off» (liderado por Hugh Grant), que tuvo a varios representantes en la negociación nocturna en el despacho de Miliband. Entre ellas, la amenaza de imponer «daños punitivos» a aquellos medios que rechacen formar parte del nuevo sistema, y el establecimiento de un mecanismo de arbitraje para demandas menores gratuito para los demandantes, una vía que los medios creen que podría dar lugar a abusos.

En cuanto a la naturaleza híbrida de órgano autorregulador pero con un cierto anclaje legal, los analistas consideran que Cameron ha terminado por cruzar el Rubicón. La fórmula final, en cualquier caso, no molesta a medios de corte progresista como «The Guardian» y «The Independent» o al «Financial Times», que la semana pasada rompían las filas del sector mostrándose favorables a una solución de consenso que incluyera algún tipo de elemento legislativo. «The Guardian» no ve, en un editorial de esta semana, «motivos para hiperventilar», aunque advierte del riesgo que va emergiendo: «Las medidas legislativas no tendrán sentido si editores significativos se niegan a sumarse». «No es perfecto pero no es terrible», ha dicho el director del «Independent», Chris Blackhurst.