Imputados los jefes de ocho talleres por trucar los filtros antipartículas para pasar la ITV

Así, se realizaron las comprobaciones oportunas y se solicitó información a establecimientos que podrían estar llevando a cabo la anulación electrónica y el vaciado mecánico de los FAP. Tras hallar elementos que confirmaban que se estaba llevando a cabo una vulneración de la legislación sobre emisiones al medioambiente en varios talleres, se procedió a la imputación de los responsables de ocho talleres en los que se realizaban estas prácticas.

Para llevar a cabo el fraude empleaban equipos informáticos de diagnosis fraudulentos o empleados con fines distintos para los que fueron comercializados. Asimismo, mediante el vaciado mecánico se llevaba a cabo la retirada del filtro o la perforación de la pieza que lo contiene, con lo que se generaba la libre emisión de partículas a la atmósfera.

Por otro lado y mediante sofisticados equipos informáticos reprogramaban la centralita de los vehículos, modificando el software original con el fin de aumentar la potencia de los motores y ocultar cualquier tipo de error que pudiera dar la diagnosis del vehículo por el aumento de emisiones nocivas para el medio ambiente. Asimismo se alteraban las características de homologación y las condiciones declaradas en los seguros de los vehículos.

Con la reprogramación del software de la centralita conseguían que las emisiones nocivas fueran indetectables en las ITV, e incluso por los propios servicios oficiales de las marcas. Todas estas alteraciones se ofertaban abiertamente en Internet e incluso en algunos casos en los mismos establecimientos en que se llevaba a cabo.

Algunos talleres estaban especializados en la manipulación exclusivamente electrónica de la centralita de los vehículos, remitiendo a sus clientes a otros talleres conniventes en los que se realizaría la retirada física del FAP incluso. Incluso, recibían por correo centralitas procedentes de diferentes puntos de España para su modificación. Los investigadores han obtenido datos de más de 80 talleres en diferentes puntos de España en los que se podrían estar dedicando a esta actividad, por lo que la operación continúa abierta.

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo 3º de la Sección de Consumo, Medioambiente y Dopaje de la Comisaría General de Policía Judicial y dirigida por la Fiscalía Coordinadora de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo (UDEV). Además han contado con la colaboración del Área de Automoción de la División Económica y Técnica de la Policía Nacional, la Comisión Anti-Piratería para el Automóvil y del Ministerio de Industria.

Estas prácticas provocan un grave perjuicio al medio ambiente al emitir libremente por el tubo de escape todos los elementos nocivos producidos en la combustión de los motores. Cobraban entre 100 y 200 euros por cada automóvil modificado frente a los 1.200 euros que supondría la sustitución del FAP.

Los FAP son dispositivos ubicados en el tubo de escape encargados de retener las partículas de residuos sólidos generadas por los motores diésel. Cuando el filtro alcanza su máxima capacidad, comienza un proceso de regeneración en el que las citadas partículas son incineradas.

El problema surge en trayectos urbanos, donde los recorridos son más cortos y discontinuos, con lo que no se alcanza la temperatura suficiente para dicha incineración. Esto hace que las partículas vayan quedando acumuladas en el FAP hasta dejarlo inutilizado, que supone un elevado coste para su reparación.

En el momento en que el FAP queda inservible se produce un error que se notifica al usuario del vehículo en el panel del cuadro de instrumentos. Dicho error puede dar lugar a un funcionamiento incompleto del motor y a la no superación de la Inspección Técnica de Vehículos.

Por el contrario, la retirada irregular del filtro y la anulación electrónica de su error en la centralita del vehículo resulta mucho más económico pero permite la libre emisión de partículas a la atmósfera, lo que degrada considerablemente la calidad ambiental de la misma.