Parla se quedará sin luz en cuatro días

La propia Cofely, involucrada en la trama Púnica , presentó el pasado 8 de junio una misiva de «suspensión, resolución y liquidación» del acuerdo –ver documento anexo– en el Consistorio por «el reiterado incumplimiento» de las «obligaciones de pago» establecidas en el acuerdo. En base a la legislación vigente –arguye–, el escrito daba como plazo máximo un mes, fecha en la que se suspendería la firma. Expirado ayer sin solución, el vínculo entre ambos es papel mojado.

La empresa, desde junio de 2013, era la adjudicataria del servicio de alumbrado público en Parla, concesión otorgada mediante un contrato a quince años por 66 millones de euros . Firmado por Fraile, fue el mayor contrato de los registrados en la trama, que supuso un fraude de más de 500 millones de euros en concesiones ilegales.

Apenas un mes después de tomar posesión como alcalde, el popular Luis Martínez Hervás se ha encontrado con decenas de facturas sin firmar que ni siquiera han sido reconocidas por el gobierno saliente. El exalcalde fue detenido el pasado 27 de octubre de 2014 por su implicación en la Púnica y, desde entonces, el Ayuntamiento de Parla no ha realizado ni un sólo pago a Cofely, con un efecto contagio que llega a Iberdrola. Según ha podido saber ABC, la dristribuidora ha comunicado vía telefónica que si el impago no es subsanado antes del 13 de julio –el lunes–, cortará la luz del municipio.

En declaraciones a este periódico, Martínez Hervás, por su parte, manda un mensaje «de tranquilidad» a los vecinos y asegura que está «negociando con todas las partes y trabajando para evitar que la situación se produzca». «Se trata de otra de las desagradables sorpresas que nos ha dejado el Gobierno anterior. En algunos casos –añade–, la situación del Ayuntamiento es aún peor de lo que se había hecho público, pero trabajamos día a día para que la ciudad funcione y para garantizar todos los servicios públicos», concluye.

Beatriz Arceredillo , hoy portavoz del grupo Mover Parla en el Consistorio, asumió la alcaldía tras la detención del que fuera la mano derecha de Tomás Gómez y la posterior renuncia de María José López. Desde entonces, el equipo de Arceredillo hizo caso omiso a diez millones de euros en facturas , aunque no así a 800.000 euros relacionados con el mismo objeto. En febrero, la exalcaldesa explicó que Parla acumulaba una deuda de 600 millones de euros y que, hasta su llegada, no se pagaba la Seguridad Social de los trabajadores.

Según la solicitud de suspensión contractual de Cofely, su radio de actuación remitía a «suministro, servicios energéticos y mantenimiento» de la energía en los edificios y equipamientos de inmuebles municipales, así como del alumbrado público y los semáforos del municipio. La consecuencia inmediata de consumarse el ultimátum de Iberdrola será una ciudad a oscuras, sin servicios y sumida en un caos circulatorio.

Concretamente, además de la gestión de multas, impuestos y tributaciones propios del Ayuntamiento, el apagón afectará, entre otros inmuebles y servicios, a dos piscinas, polideportivos, bibliotecas, sede de la Policía Local, el Centro de Servicios Sociales y para el Mayor Dulce Chacón , la Casa de la Cultura y la Casa de la Juventud y los colegios públicos, que en este momento se encargan de los campamentos urbanos. El buque insignia de la gestión de Tomás Gómez, el tranvía de Parla , no se verá afectado, ya que su suministro energético corre a cuenta de la empresa Tranvía de Parla S. A.

Se da la circunstancia de que el problema que ahora atañe a Parla, el impago del suministro eléctrico, fue una premisa que el exalcalde José María Fraile sí quiso asumir hace un año, con la intención de que el Ayuntamiento se ocupara de dichos gastos respecto al edificio okupa de la calle de Toledo del municipio, en el que decenas de familias vivían de forma ilegal.

Puesto que en abril de 2014 Iberdrola cortó la luz por una deuda entonces superior a los 400.000 euros, Fraile solicitó que la titularidad del contrato eléctrico del edificio fuera responsabilidad del Consistorio . Ante dicha inquietud municipal, casi un año después, la Comunidad de Madrid ha anulado dicha decisión y ha determinado que «el edificio no es de propiedad municipal», por lo que el Consistorio está exento del pago de los 456.000 euros adeudados.

La decisión, tomada por el Consejo Consultivo, mantiene la postura manifestada desde su primer dictamen, al considerar una « infracción muy grave los compromisos de gasto, reconocimientos de obligaciones y de ordenación de pagos de sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de los dispuesto».

Desde el inicio, la actividad del exregidor socialista recibió varios informes negativos de Secretaría General, Intervención y Coordinación de Servicios Jurídicos, que alertaban de sus irregularidades. «(Fraile) no ha cumplido los trámites establecidos en la Ley de Bases del Régimen Local y no ha tenido fiscalización previa por parte de Intervención, ni acreditación de existencia de crédito adecuado y suficiente»., aseguró entonces.