Sara Hernández: la candidata de Ferraz para liderar el PSM bajo sospecha

El «caso Aparcamientos» arranca el 12 julio de 2007. Ese día, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Getafe, regido por el socialista Pedro Castro, adjudicó la construcción de un parking al marido de la entonces concejal de Obras, Cristina González, en la actualidad «mano derecha» de Sara Hernández en la política getafense. Hernández, como decimos, presidía dicha junta. Dos años después, en mayo de 2009, el PP de esta localidad del sur madrileño lleva el caso a los tribunales , concretamente al Juzgado número 7 de Getafe por «presunta corrupción urbanística».

Los populares denunciaron que aquel 12 de julio de 2007 la Junta de Gobierno –cuyo acta aparece junto a estas líneas–, adjudicó a «Jilguero 2005, Sociedad Corporativa Madrileña» la concesión de obra pública por 40 años de un aparcamiento subterráneo para vehículos de residentes en la calle Jilguero y la avenida de Reyes Católicos. La oferta número 1, correspondiente a la citada empresa, estaba suscrita por José Miguel Veito Aguado, marido de la entonces concejal de Obras, Cristina González, que votó a favor de la adjudicación. Ademá, en la cooperativa «Jilguero 2005» figuraban el padre y la madre de la concejal como secretario y tesorera respectivamente.

La adjudicación giraba en torno a 4 61 plazas de aparcamiento que, con un coste de construcción de 10.000 euros y 18.000 de repercusión (venta), darían un beneficio de 3,5 millones.

En febrero de 2012, el Juzgado 7 de Getafe procede a una primera tanta de imputaciones. Pedro Castro y su hijo David –que era el concejal de Hacienda– ya están salpicados. La Fiscalía Anticorrupción archiva el caso en abril de 2010 pero el PP vuelve a pleitear.

Así, en febrero de 2014, cuando el PSOE ya había perdido las elecciones tres años antes, el mismo juzgado dicta auto de procesamiento contra el exalcalde Pedro Castro, su hijo David; el exconcejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez; la exconcejal de Obras, Cristina González, esposa del supuestaente beneficiado; el exconcejal de Urbanismo, Santos Vázquez, y la concejal de IU, Silvia Uyarra. También se procesaba a responsables de cooperativas y varios funcionarios del Ayuntamiento de Getafe. Los presuntos delitos son los de prevaricación, falsedad documental, fraude, cohecho, negociación prohibida, malversación y tráfico de influencias.

Pedro Castro, su hijo David, Cristina González y José Manuel Vázquez, ya en la aposición, dimiten como concejales. El caso sigue abierto y no se descartan nuevas imputaciones .