Dancausa: «Hay que plantearse incluir el acoso escolar en el Código Penal»

–¿Ha dejado Cristina Cifuentes el listón muy alto?

–Sí. Ha hecho una magnífica labor, todos los resultados han sido muy positivos y ha puesto la Delegación en un nivel de conocimiento alto de la población. Lo ha hecho muy bien.

–¿Cuáles son sus prioridades al frente de la Delegación del Gobierno?

–En primer lugar, la seguridad ciudadana; seguir rebajando la tasa de criminalidad que lo ha hecho en casi un 5% y, en segundo, poner el acento en otras cuestiones como el seguimiento de las órdenes de protección en los casos de violencia de género; todo el tema de Extranjería y de las sanciones a inmigrantes; la política exterior de sanidad en fronteras, que ha sido fundamental en el caso del ébola.

–¿Qué ha fallado en el caso de la menor que se suicidó por sufrir presunto acoso escolar?

–Aun no lo sabemos. La Policía tiene un dispositivo en el colegio para evitar altercados y también en el domicilio del presunto acosador. En todo caso, sí debemos preocuparnos por el acoso escolar, ya que según un estudio de la Fiscal de Menores de Málaga, uno de cada cinco alumnos lo sufre. Ese dato debe hacer que nos preocupemos por mejorar los protocolos de actuación, ya que implica que hay muchos menores que pueden tener muchas posibilidades de sufrirlo. Incluso, aunque a mi juicio desde el punto de vista de la Ley del Menor este asunto está bien resuelto, no tanto así el Código Penal, y a lo mejor debíamos de plantearnos si es necesario incluirlo como una figura expresa dentro del Código Penal.

–¿Regularía o limitaría las manifestaciones en zonas céntricas como la Puerta del Sol?

–Ser o no partidaria no es lo importante. Lo importante es si se puede o no. El derecho de reunión es un derecho fundamental de la Constitución, tiene muy pocos límites por la doctrina del Tribunal Constitucional y, por tanto, hay que aplicarlo de acuerdo a como este nos dice. Hay que situar las cosas: en 2014 se celebraron 3.000 concentraciones. En lo que va de año, la cifra es similar a la del pasado año, 1.769, hay seis de diferencia. En el primer trimestre ha habido 52 prohibidas, 49 de ellas por falta de comunicación y el resto por alteración del orden público. Las no comunicadas y celebradas ascienden a 84. El derecho de manifestación es un derecho muy amplio y, prácticamente, no se puede recortar. Por tanto, voy a aplicar la ley y la doctrina del Constitucional.

–¿Cuántas sanciones se han impuesto desde la irrupción del 15-M?

–Se han abierto 520 expedientes desde 2011. El problema del derecho de manifestación es cuando no es pacífico, altera el orden público y va contra el derecho de otras personas.

–¿Cómo valora la puesta en libertad de los acusados de la muerte de Jimmy, el hincha del Deportivo, no sin ciertas críticas del juez a la actuación de la Policía?

–Estamos hablando de la valoración de las pruebas. El juez ha dicho que el informe de la Policía era erróneo y que los hechos no habían sucedido como establecía el informe. Pero la Policía está emitiendo un nuevo informe ratificándose en el anterior. Existe una discrepancia entre el juez y la Policía sobre la valoración de las pruebas.

–¿Confía en la versión de la Policía?

–Si hacen un informe lo habrán hecho con todas las cautelas necesarias para poder formar una acusación. Cuando se ratifican es porque siguen con el mismo criterio. Hay que demostrar que las pruebas son veraces y ciertas.

–Las bandas latinas están trasladando sus enfrentamientos a espacios públicos (Metro...), lo que genera inseguridad en el resto de ciudadanos.

– La Policía lleva tiempo poniendo el acento en este fenómeno . De hecho, desde 2012 se han practicado mil detenciones. Hay 350 personas que pertenecen a las bandas latinas. Aunque generen alarma social, no es un número tan importante en población.

–¿Expulsaría a algunos de esos miembros de España?

–Ese es uno de los ejes del plan. Si delinquen y están de manera ilegal. Hay 30 personas pendientes de expulsión.

–¿Qué solución tiene la comisaría de Centro, en la calle de Leganitos?

–Necesita un cambio absoluto, porque además de dar servicio al distrito, es una imagen importante de la ciudad de Madrid hacia los turistas. Desde la Dirección General de la Policía se viene trabajando para mejorar ese lugar. Incluso se han planteado algunos cambios, pero no es fácil. Se necesita que sea un edificio en el centro, que tenga garaje... No resulta tan fácil encontrar un lugar así. Es urgente que se cambie la comisaría. Se han visto varios edificios. La anterior delegada del Gobierno estaba en disposición de, si llegaba al Gobierno de la Comunidad, tomar una decisión y solucionarlo.

–¿Qué hay que reforzar en Policía y Guardia Civil?

–La crisis ha tenido como consecuencia algunos recortes, y la Policía también los ha sufrido. No sólo en la cobertura de vacantes. Lo cierto es que no ha habido promoción de empleo público, aunque este año va a incrementarse en 1.200 policías y 800 guardias civiles más. Eso es importante, porque en Cuerpos así tiene que haber reposición para que la edad media de los agentes no suba demasiado. Necesitan gente joven y con una preparación especial para determinados trabajos. Hay que trabajar en incrementar el número de empleo público de la Policía y en mejorar las comisarías que se encuentran en mal estado.

–¿Es partidaria de regularizar de algún modo la prostitución?

–No, para nada. Detrás de la prostitución, salvo excepciones, siempre hay pobreza o tráfico de mujeres. Regularizarla sólo favorecería a las mafias, no a las propias mujeres.

–¿Pero estaría dispuesta a multar a los clientes?

-Siempre hemos sido partidarios de multar a los clientes. Estas mujeres son víctimas de las mafias. Pero la prostitución no es ilegal, es alegal. Tiene que haber medidas sociales, policiales pero también de concienciación. Hay que multar al cliente, porque sin él no habría prostitución.

–¿Considera eficaz la actual Ley de Violencia de Género?

–Se ha dado un paso adelante extraordinario en ese asunto. Se ha reducido el número de mujeres muertas, aunque se han producido 54 muertes en el año 2014 y solo el 30% habían denunciado. Es terrible ver que no hay día en que no haya un mínimo de entre 5, 8 o 10 delitos de este tipo. Pero se han dado pasos de gigante desde el primer plan, de 1998. Todas las medidas han ido a mejorar la atención a las mujeres, a que denuncien. Si no denuncian, no hay forma de protegerlas. En este momento hay cien mil mujeres que están siendo protegidas por los Cuerpos de Seguridad.

–Los comerciantes reclaman que se castiguen más los robos con fuerza y, sobre todo, los multirreincidentes.

–La prisión preventiva hay que administrarla con prudencia. La Policía y la Guardia Civil han conseguido resultados buenos en los robos con fuerza en viviendas, se han rebajado en un 13%. Las familias debemos tomar nuestras preocupaciones y no poner facilidades a los ladrones.