El Tribunal de Cuentas abre juicio contra la candidata del PSOE de Alcorcón

Las once personas formaban parte de la junta de Gobierno municipal en 2008, con Cascallana como regidor y Natalia de Andrés como su «mano derecha». Este proceso, según fuentes del actual Consistorio de Alcorcón, supone que si el Tribunal de Cuentas les encontrara culpables, automáticamente se les requeriría la cantidad económica irregular en concepto de «reintegro por alcance».

El auto del Alto tribunal económico, fechado el pasado 15 de abril y al que ha tenido acceso ABC, lo que hace es admitir la demanda del Ayuntamiento del PP, liderado por David Pérez, contra esos once miembros del PSOE. En su mandato, los socialistas pidieron dos créditos de legislatura por valor de 22 millones de euros cada uno y, como decimos, sin el correspondiente permiso del Ministerio de Economía.

Los créditos quedan como parte de la deuda municipal, que llegó a ascender a 612 millones. El PP, al llegar al poder, no tiene más remedio que asumirlos así como los intereses, es decir, los 57.300 euros que ahora reclama el Ayuntamiento en su demanda ante el Tribunal de Cuentas. Este órgano sólo abre procedimientos administrativos que pueden terminar en sanción pecunaria y en la remisión del expediente al Ministerio Fiscal. Es, por tanto, la Fiscalía la que deberá, si llega el caso, establecer si se ha producido algún delito y de qué tipo.

Fuentes jurídicas del Ayuntamiento de Alcorcón consideran que se ha producido un «incumplimiento de la normativa presupuestaria» y un «posible daño a la Hacienda pública». De ahí su demanda ante el Tribunal de Cuentas para que quienes pidieron aquellos dos créditos de legislatura en 2008, por valor de 44 millones en total, asuman la «responsabilidad contable» a que hubiera lugar.

En el escrito de demanda presentado ante el Tribunal de Cuentas –y que éste ha admitido–, el letrado municipal solicita que los once demandados «sean condenados de forma solidaria, por importe de 57,297,29 euros».

El Alto tribunal asegura que la demanda se ha presentado en tiempo y forma y que, además, se considera con jurisdicción y competencia «para la sustantación del procedimiento». Todo indica que el proceso se seguirá como juicio ordinario según prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El auto también deja constancia de que se pasa copia de la demanda al Ministerio Fiscal y a los demandados, que tendrán que acudir a este tribunal a dar su versión de ese incumplimiento de la normativa presupuestaria que se denuncia. El Consistorio de Alcorcón quiere aclarar una irregular «responsabilidad contable» de las personas responsables de los fondos.