Gabilondo impulsará una nueva ley de patrimonio para compatibilizar la rentabilidad económica y social

Gabilondo ha apuntado que el número 30 del Paseo del Prado, «un edificio protegido», va a ser derribado para construir este museo. Tras subrayar que es la Comunidad la que debe autorizar este tipo de operaciones, ha puesto de manifiesto que los socialistas no ven con buenos ojos que el Gobierno regional sea «tan descuidado con el patrimonio».

En este sentido, ha recordado que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales ocho artículos de la ley de patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid impulsada por el actual Ejecutivo autonómico , a raíz del recurso interpuesto por 57 senadores de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto.

Además, ha apuntado que dicha ley no tiene en cuenta muchos aspectos a los que los socialistas otorgan mucha importancia, como disposiciones europeas o aspectos arqueológicos. «Creemos que es necesario una nueva ley. Hay que hacerlo con prudencia, con sensatez, pero con urgencia y con celeridad, porque mientras no se aprueba esa ley van ocurriendo distintas situaciones que no aprobamos y que nos parecen que atentan contra el patrimonio», ha recalcado Gabilondo.

A su juicio, la Operación Canalejas es un ejemplo «enigmático» y «paradigmático» de la política del Gobierno regional en materia de patrimonio histórico. «Enigmático porque no sabemos muy bien qué es lo que está pasando y paradigmático porque es ejemplo de lo que no queremos que ocurra. No ha de convertirse todo en operaciones urbanísticas para intereses particulares cuando hay un patrimonio que es colectivo», ha aseverado.

Gabilondo ha apostado por dotar a los distintos consejos, como el Consejo Regional de Patrimonio o el de Museos, de un «carácter más operativo», con «formas de participación y de transparencia». Además, ha lamentado que haya descendido la inversión en rehabilitación.

«Creemos en la rentabilidad económica, pero tiene que ser compatible con la rentabilidad social», ha manifestado Gabilondo, quien ha insistido en que «no se puede defender la pura rentabilidad económica sin ninguna sensibilidad para el legado histórico, para el patrimonio».