IU expulsa a los portavoces de Madrid, Gregorio Gordo y Ángel Pérez

La expulsión ha sido aprobada por 31 votos a favor, dos abstenciones y ninguna en contra ya que un sector de una docena de personas, afines a los expulsados, han decidido no participar en la votación por no reconocer su legitimidad, han explicado a Europa Press. Una dimisión que se les exigió por considerarles responsables políticos del escándalo de Caja Madrid y de las «tarjetas opacas» al no actuar ante la gestión poco ética de los consejeros nombrados a propuesta de IU en la entidad.

La decisión ha sido adoptada por la Presidencia federal de IU reunida esta tarde en la sede de Olimpo tras estudiar el dictamen elaborado por la instructora del expediente que se abrió por esta causa a los dirigentes madrileños, Henar Moreno, coordinadora de La Rioja.

El expediente disciplinario abierto a Gordo y Pérez proponía su expulsión por la comisión de una «falta muy grave» contemplada en el artículo 31 de los estatutos de IU, que señalan «la actuación en contra de los acuerdos, decisiones o resoluciones expresamente adoptados por los órganos de la organización en el marco de sus competencias con consecuencias negativas para IU».

Este expediente llegó después de diversas resoluciones aprobadas por órganos de IU Federal exigiéndoles abandonar sus puestos como portavoces en las instituciones madrileñas. La última resolución de la Presidencia Federal que dio pie a esta actuación disciplinaria señalaba como «inaceptable» la actuación de Gordo y Pérez y acordaba su «desautorización política».

Ángel Pérez ya avanzó su intención de no acudir a la reunión de la Presidencia de este viernes al considerar que IU Federal actúa «fuera de sus competencias» y su asistencia únicamente avalaría el «antiestatutario comportamiento» que están teniendo con ambos dirigentes.

Pérez explicó al coordinador general de IU, Cayo Lara, y al coordinador de la Presidencia de IU Federal, José Luis Centella, en un escrito fechado este jueves, y al que tuvo acceso Europa Press, que no acudiría a la reunión ante la «inadmisible conducta que están siguiendo, haciendo un «mal uso de los estatutos» por una «inobservancia total y absoluta de sus disposiciones sobre tramitación de expedientes», lo que se une al hecho de que están «actuando por completo fuera de sus competencias».

Ángel Pérez defiende, al igual que Gordo, que quienes «únicamente están capacitados» para enjuiciar su labor como cargos públicos «son los militantes de IUCM, a través de su Presidencia, y en su caso el Consejo Político». A ello se une «como órgano garante del cumplimiento estatutario la Comisión de Garantías de IUCM».

Precisamente, a primeros de febrero Ángel Pérez consiguió el respaldo de la Comisión Regional de Arbitraje, Control y Garantías Democráticas (CRACyGD) de IUCM –después de pedir amparo a raíz del caso de las tarjetas black de Caja Madrid– por medio de una resolución que establece que deberían quedar sin efecto las acciones que no salgan directamente de la Presidencia regional, «evitando así en lo posible el acoso y vulneración de los derechos del afiliado».

En distintas ocasiones, Ángel Pérez ha recordado que dejó de ser coordinador hace quince años, en 2000, tres años antes del periodo investigado por el escándalo de Caja Madrid (2003-2009). En ese plazo temporal investigado no tuvo cargo ejecutivo alguno y ocupó el puesto de portavoz municipal, entre cuyas funciones no se encuentra la de vigilancia en las entidades financieras. «Es imposible que tengamos una responsabilidad política porque no sabíamos de la existencia de esas tarjetas ni podíamos saberlo porque no era nuestra función saberlo», ha apostillado en otras ocasiones.

Tampoco dudó en decirle al candidato de IU a la Presidencia del Gobierno, Alberto Garzón, que el que debería irse de la organización es él por no enterarse de la situación de la salida a Bolsa de Bankia estando en la comisión de Economía del Congreso. «Cuando Garzón dice que soy responsable político de los desmanes de Caja Madrid, miente como un bellaco, políticamente hablando», apostilló Pérez, para indicar que no se puede establecer ninguna responsabilidad política, dado que no existe.