Okupación «millonaria» en la «milla de oro» de Aranjuez

Al final de la avenida de las Letras, en la zona más moderna y de expansión residencial de Aranjuez, se encuentra una hilera de viviendas adosadas. Catorce chalés con plaza de garajes para, al menos, tres vehículos. Su diseño puede gustar más o menos pero son originales, distintos. De «alto standing». José nos permite entrar en el que ha «okupado». Son tres plantas, dos principales y una especie de buhardilla. Desde la planta de acceso se ve el techo: más de cinco metros de altura. Es una sensación extraña. Como de estar en medio de la nada. El salón es enorme; da para varias pistas de baile. Al fondo, unas escaleras en «z» para acceder a las dos plantas superiores.

José «okupó» esta vivienda hace dos años. Son todo varones. «Mi mujer se escapó con un payo», relata. La suciedad campa a sus anchas por los más de 500 metros cuadrados habitables. «La casa es para las mujeres. Al menos entre los gitanos», nos dice mientras procura que no veamos uno de los cuartos de baño lleno de mugre .

Costumbres aparte, los vecinos de esta zona residencial están hartos. Hay problemas de convivencia. Cuando las familias gitanas dieron la patada en la puerta, las casas estaban prácticamente terminadas. Al lado de los chalés iba un hotel que hoy está a medio construir y tapiado para evitar que entre nadie a robar materiales o a vivir. «¡Una pena de inversión tirada por la borda, el que la hiciera!», comenta un vecino.

En los chalés «okupados» hay «censadas» unas veinte personas, niños incluidos. Es difícil saber el número exacto porque según se produce un lanzamiento de las familias gitanas, se meten en otro o llegan nuevos «inquilinos». José Antonio Mendoza, 67 años, que vive en otro de estas casas niega que se hagan negocios. «Es mentira que un gitano se vaya porque le echan y cobre dinero por compra o por alquiler a otro que llega nuevo. Vivimos de la chatarra. Mal, pero vamos tirando», asegura este okupa.

El Ayuntamiento de Aranjuez poco puede hacer en este problema, sin comerlo ni beberlo. Los expertos nos explican que haya dos vías para el lanzamiento. Primera, la vía civil. Es más rápida. Hay que demostrar que el okupa no tiene ningún documento que acredite la propiedad o la titularidad de la casa. Segunda opción, la vía penal, mucho más complicada porque se trata de demostrar que, además, se ha producido un delito. Siempre es la propiedad —Solvia en este caso—, la que tiene que tomar la decisión de acudir a los tribunales. Según ha podido saber ABC, están a punto de producirse varios desalojos de aquí a febrero.

«No se crean. Esta gente está muy bien aleccionada. Tienen abogados. El pasado mes de octubre vinieron a realizar un lanzamiento. Traen la resolución judicial correspondiente pero no se puede ejecutar. ¿Y eso?, se preguntarán. Pues muy sencillo: porque ha cambiado de familia okupa y la orden de desalojo va a nombre de la que había antes. Además, con menores de por medio todo se complica mucho más», comentan expertos jurídicos.

A Soledad, vecina también de la avenida de las Letras, su piso –que compró hace cuatro años–, le cuesta una hipoteca mensual de 1.300 euros. «Los tengo al lado y sí, ha habido algunos roces, pero ahora la cosa está más suave. De todas formas, siguen teniendo los perros sueltos, casi siempre galgos», nos dice.

Antonio también vive aquí desde hace dos años. «Me instalé un 6 de enero de 2012 y a los tres meses se metieron al lado mío. Daño no hacen pero no siempre es fácil convivir con ellos».

El Consistorio, dirigido por María José Martínez de la Fuente (PP), actúa en varios frentes para asegurar la convivencia en el Barrio de las Artes. La más sensible es la educativa. Es una lucha continua contra el absentismo escolar. No pueden consentir que ningún niño deje de ir a la escuela.

El pasado 17 de noviembre, la Delegación municipal de Educación realizó un informe sobre la situación escolar de los menores de los chalés «okupados». En el texto se denuncia, de manera explícita, el caso de M.A.M. M., de 14 años, que no va a la escuela. La madre de la niña ha dejado claro que no solicitará plaza para su hija, ni tiene intención de hacerlo, porque «está casada y vive con su marido», según reza en el informe oficial. «Como no entren en razones, habrá que denunciar el caso en la Fiscalía de Menores», asegura Martínez de la Fuente.

Para mantener unos mínimos de convivencia, tanto la Policía Nacional como Municipal de Aranjuez desarrollan un dispositivo especial en el Barrio de Las Artes. Hay controles de seguridad sobre los vehículos que entran y salen de la urbanización «okupada». Se chequean documentación y filiaciones y se requisan utensilios peligrosos y objetos de dudosa procedencia. También se lleva un control preventivo de los vehículos para comprobar documentación, seguro, ITV y permisos de conducir, así como de los que conducen bajo los efectos del alcohol.

El dispositivo policial conjunto en esta zona ha permitido –dice el último informe de la Policía Local de Aranjuez–, una reducción de infracciones penales «hasta tal punto, que criminológicamente, el Barrio de las Artes no presenta la comisión de hechos delictivos fuera de los parámetros de otros barrios de la ciudad».

La regidora María José Martínez no escatima esfuerzos municipales, pero pide «un cambio legislativo en materia de “okupación”, en los procedimientos judiciales, rapidez y más medios humanos y materiales en los juzgados», apunta a ABC.