Operación Púnica
Ultimátum del PP al alcalde de Villalba: o se va o le hacen una moción de censura
En libertad bajo fianza, Agustín Juárez tiene previsto comparecer el lunes, justo cuando se acaba el plazo dado por la presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre, para que dimita
MARÍA ISABEL SERRANO
El todavía alcalde de Collado Villalba, Agustín Juárez, tiene los días contados al frente del Consistorio serrano. En libertad bajo fianza por su implicación en la operación Púnica , tiene previsto comparecer ante los medios de comunicación el próximo lunes, justo cuando se acaba el ... plazo dado por la presidenta del PP regional, Esperanza Aguirre , para que dimita. «Si esa comparecencia no es para decir que se va, le ponemos una moción de censura», aseguraban ayer fuentes del partido. Los populares tienen mayoría, con o sin Juárez, con lo que la moción para desprenderle de su cargo se verá en un pleno a convocar de urgencia. Como mucho, quince días.
Agustín Juárez, que partió como primer edil con grandes simpatías, ha caído en total desgracia. Su última «decepción» fue no poder inaugurar a bombo y platillo el Hospital de Collado Villalba , a mediados de octubre por culpa de la crisis del ébola. Sus entonces todavía compañeros de filas aseguraban que un acto de tanta relevancia «le hubiera venido muy bién» de cara a las elecciones del próximo mes de mayo.
Quitar a David Rodriguez -otro de los imputados en la operación Púnica pero que ha quedado en libertad sin fianza-, como alcalde de Casarrubuelos, es algo más complicado. Allí el PP gobierna en coalición con un grupo escindido de IU y, por lo tanto, no tiene mayoría para presentar, y ganar, una moción de censura a primera vista. Habrá que dialogar y pactar.
Los efectos colaterales de la presunta trama de corrupción dirigida por Francisco Granados y David Marjaliza no cesan. En los últimos días, los grupos municipales de oposición al PP en diversos ayuntamientos madrileños están pidiendo a los alcaldes que «expliquen su relación» con Francisco Granados, desde ayer en la prisión de Estremera.
Además, exigen que los regidores populares den cuenta todos sus contratos y adjudicaciones de obra y servicios públicos, en especial con Cofely, la empresa implicada en la trama. «Contratar con esa firma no es corrupto. El delito es llevarse comisiones», dicen fuentes políticas.
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