Hoteleros y hosteleros exigen la retirada del decreto sobre «hoteles pirata»

El proyecto de norma, elaborado en la Consejería de Empleo, Cultura y Turismo, se encuentra en fase consultiva. La citada organización empresarial (que incluye a hoteleros, hosteleros, agencias de viaje y ocio, entre otros), considera imprescindible que a esos «hoteles pirata» se les exija de forma explícita una licencia de actividad «como requisito indispensable que garantice el cumplimiento de las normativa en materia de seguridad y capacidad de control e inspección».

Descatan hoteleros y hosteleros madrileños que el crimen ocurrido el último viernes en la calle Barcelona, de Madrid, apunta a que el suceso ocurrió en un «hotel pirata». Por eso, uno de los requisitos que pide la Unión Empresarial es la exigencia de condiciones de seguridad, «especialmente en lo relativo a los planes de emergencia y autoprotección así como sistemas de alarma y video vigilancia».

«Al igual que a un hotel, un bar, un restaurante o una discoteca se le exige la preceptiva licencia municipal, es imprensable que la Comunidad de Madrid libere a estas viviendas de la obligación de tramitar su correspondiente título administrativo y se limite a reclamar un teléfono de contacto y su inscripción en elregistro de empresas turísticas», han señalado esta mañana, en rueda de prensa, los responsables de las patronales hotelera y de hostelería, Antonio Gil y Rafael Andrés, respectivamente.

La Unión también reclama más protección de la convivencia vecinal. En más de una ocasión, de madrugada, el cliente del «hotel pirata» se confunde de telefonillo y llama a un vecino del bloque. Además, la comunidad de vecinos soporta cada fin de semana un trasiego de clientes del establecimiento ilegal en sus ascensores y escaleras, amén de las fiestas nocturnas que alteran las normas de convivencia.

Los miembros de la Unión Empresarial exigen la protecciáon de los derechos del consumidor en los fraudes y estafas que se dan en la comercialización «on line» tanto de hoteles como de restaurantes «pirata» que se instalan en viviendas particulares.

La Unión Empresarial quiere un diálogo con la Administración regional. Considera que su proyecto de decreto es insuficiente y permisivo. Temen que puedan llegarse a las 24.000 viviendas y a las 95.000 plazas «que no apartan nada al mercado laboral más allá del reparto de las llaves y la limpieza al terminar la estancia» pero que «mal reguladas, perjudicarían, seguro, la imagen turística de Madrid y la Marca España».