Denuncian la crítica situación de los Juzgados de Violencia de la Mujer

En este sentido, el sindicato ha denunciado que se compaginan los asuntos de violencia sobre la mujer con la actividad propia de cualquier otro juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Según el presidente de CSI-F Justicia Madrid, Juan José Carral, este tipo de Juzgados «no están dotados con más plantilla que otros de su misma jurisdicción, cuando tienen que soportar una mayor carga de trabajo como consecuencia de haber asumido la competencia en materia de violencia sobre la mujer».

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), estos juzgados soportan un 14 por ciento más de carga de trabajo. Pero hay casos más graves, según ha apuntado, como el del Partido Judicial de Valdemoro, en el que los asuntos de violencia de género suponen un 40 por ciento de trabajo añadido.

«Si esta carga de trabajo ya se hace insoportable en condiciones normales, más se agrava la situación con el trabajo específico que supone la violencia de género, cuando cuentan, en el mejor de los casos, con la misma plantilla», ha señalado Carral en la misiva. Actualmente, existen juzgados de este tipo con plazas vacantes sin cubrir como consecuencia de la política de recortes a la que se está sometiendo a la Administración de Justicia por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

CSI-F ha recordado a los responsables de la Administración de Justicia Madrileña que, en estos juzgados, los asuntos en materia de violencia sobre la mujer tienen preferencia sobre el resto, al tener que resolverse con carácter urgente la adopción de medidas de protección, la situación personal de los detenidos, además de efectuar diligencias como tomas de declaración a imputados, víctimas, testigos.

«Al mismo tiempo, tienen que seguir tramitando el resto de asuntos penales y civiles, lo que obliga a los funcionarios destinados en estos Juzgados a realizar jornadas labores que exceden lo legalmente establecido», ha señalado. «De continuar así, seguramente se agravará más si cabe la difícil situación de sobrecarga, cuestión que puede derivar perfectamente en problemas de salud entre su personal, como consecuencia de la presión y estrés que soportan, penalizando además, a unos funcionarios que consiguen con su dedicación y profesionalidad que no se vea perjudicada la calidad del servicio público pese a las grandes carencias que sufren», señala Juan José Carral en la carta.

Finalmente, CSI-F ha alertado sobre lo que considera una situación insostenible, incidiendo en que, de persistir en el tiempo, «no es descartable que se puedan producir hechos de lamentables consecuencias si la Administración no adopta las medidas necesarias para dotar de los medios adecuados a dichos órganos judiciales». «Con ello se garantizaría la eficacia del importante servicio público que desarrollan estos juzgados en defensa y protección de las víctimas de la violencia de género», ha destacado.