Una alumna de Valdeluz ya denunció en 2007 haber sufrido abusos sexuales

Así lo ha reiterado Victoria en declaraciones a los medios al presentar el Portal de la Justicia, en referencia al caso de una exalumna del colegio madrileño Valdeluz que presuntamente sufrió abusos sexuales por parte del profesor de ese centro educativo que ha sido detenido por supuestas agresiones del mismo tipo a varias alumnas.

La familia de la joven, según fuentes de la investigación, acudió en 2007 al Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (Ciasi), de la Comunidad de Madrid, donde recibió apoyo. Preguntado sobre por qué el Centro no puso en conocimiento de la Fiscalía estos hechos, Victoria ha repetido que el Código Penal «es muy claro», y establece que corresponde a la víctima -o a sus padres si es menor de edad- decidir sobre la denuncia. Entiende el Código Penal -ha seguido explicando el consejero- que la libertad sexual es un bien jurídico muy íntimo, y por tanto han de ser los afectados quienes decidan si quieren o no denunciar.

Y en el caso concreto de esta menor que acudió al Ciasi, sus padres tomaron la decisión de no denunciar. «El Código Penal no permite que podamos sustituir a los padres en su decisión», ha reiterado, y «cualquier actuación que vaya contra el Código Penal no es legal». Así, el Ciasi se limitó a orientarles sobre las posibilidades de presentar una denuncia, algo que finalmente no hicieron.

Otra cosa distinta es un caso de malos tratos o lesiones, ya que, según Victoria, se trata de delitos públicos -no afectan a derechos íntimos de la persona- y, en ese caso, la Fiscalía sí puede actuar de oficio. El profesor del colegio Valdeluz Andrés D. fue detenido el martes pasado por la Policía como presunto autor de ocho delitos de abusos sexuales cometidos desde 2006 contra alumnas del centro y de la academia Melodía Siglo XXI, si bien los investigadores le relacionan con otros cuatro casos.

Andrés D. ingresó en prisión provisional el pasado viernes por siete delitos de abusos sexuales, mientras que el director y el jefe de estudios del centro -detenidos también y puestos en libertad con la obligación de comparecer ante el juez porque pudieron conocer los abusos y no los denunciaron- renunciaron a sus cargos.