Contencioso contra la Comunidad de Madrid por el retraso en el pago de subvenciones

Veinticuatro fincas, aquellas que ya han recopilado la documentación que exige el proceso, lo harán este mismo viernes, 31 de enero. Los vecinos de esta zona de Villaverde, una buena parte mayores y con rentas muy modestas, no son los únicos que en su momento, seducidos por las subvenciones del Plan de Rehabilitación del Gobierno regional, se endeudaron para dotar a sus edificios de un elemento que mejoraría mucho su calidad de vida, un ascensor. Muchos otros, de diferentes municipios y distritos, hicieron lo mismo en los últimos cuatro años. Y de todos ellos, un número que solo la Comunidad de Madrid conoce pero que sin duda afecta a centenares de familias, no ha visto hasta ahora ni un euro de la subvención aprobada.

Por eso, familias damnificadas de otros barrios como Manoteras (Hortaleza), La Elipa (Ciudad Lineal), Comillas (Carabanchel), Colonia de Los Álamos y Fontarrón (Puente de Vallecas) y Chueca (Centro), a través de sus asociaciones vecinales, estudian en estos momentos sumarse a la demanda colectiva presentada por sus homólogos de Villaverde.

Cada comunidad de propietarios que presentará el viernes el recurso reclama 50.000 euros de la subvención, la cuantía límite por ascensor que establece el citado Plan de Rehabilitación (acuerdo de 30 de julio de 2009 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid). El texto, entre otras cosas, establece el procedimiento de concesión de ayudas directas a la instalación de ascensores en edificios de vivienda colectiva con más de tres plantas, ayudas que podían llegar a cubrir el 70% del coste de las obras con el límite de 50.000 euros indicado.

Posteriormente, la Ley de Acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad de Madrid actualmente en vigor rebaja esa cantidad hasta 15.000 euros por ascensor, una medida que se debe aplicar con carácter retroactivo y que, por eso mismo, no ha hecho sino agudizar el malestar en las comunidades afectadas. En su recurso judicial, los vecinos usarán como argumento de peso el carácter profundamente injusto de esta retroactividad.

El coste de las obras en las fincas denunciantes oscila entre los 80.000 euros y los 127.000 euros, lo que equivale, en la mayoría de los casos, a más de 10.000 euros por hogar. Las familias, de extracción modesta, se animaron a realizar la inversión con la promesa de recibir, cada una, unos 5.000 euros de la subvención. Pero ninguna de las demandantes, ni siquiera las que ejecutaron las obras en 2009, ha recibido dinero alguno. .