«Situación crítica» por el IBI

Andrés García Vaquero, portavoz de la Plataforma de Afectados por el IBI en Toledo —que está formada por 276 propietarios, muchos de ellos mayores, aunque más de 2.000 personas dependen indirectamente de ellos—, asegura que viven una «situación crítica» porque llevan seis años teniendo que pagar unos «recibos imposibles de saldar y están terminando con los ahorros de la gente no solo por el IBI sino también por las plusvalías y transmisiones».

En los últimos meses se han decretado 5 ó 6 embargos en terrenos del barrio de Azucaica, siendo entre 10 y 12 propietarios a los que tienen embargadas las cuentas y las tierras, incluso la pensión o la nómina. Puso como ejemplo el caso de algunas personas a las que se les han muerto los padres y «a las que por unas pocas hectáreas han tenido que pagar entre 30.000 y 60.000 euros por plusvalías y transmisiones». Estos terrenos, según cuenta, son «imposibles de vender porque, ni aunque los regales, te los compran debido a que la transmisión y la plusvalía que generan valen más que la tierra».

«Lo que se está haciendo en Toledo es coger con alfileres dentro de la legalidad lo que es ilegal» , manifestó García Vaquero, quien cree que, hasta que el juez no diga lo contrario, «lo que es ilegal lo tienen legalizado para seguir cobrando». El portavoz aclaró que quien tiene la potestad de cambiar la naturaleza del suelo es el Ayuntamiento, a través del Plan de Ordenación Municipal (POM) y del Plan de Actuación Urbanizadora (PAU), que le pasó los datos al Catastro para que valore los terrenos afectados en la ciudad como urbanos.

El Ayuntamiento acordó el pasado 26 de abril fraccionar hasta un máximo de cuatro años la liquidación del IBI del suelo urbanizable del actual ejercicio a los casi 300 afectados que han denunciado una «abusiva subida de las tasas». La vicealcaldesa y concejal de Hacienda, Paloma Heredero, explicó a ABC que la autorización del pago fraccionado hasta un máximo de cuatro años, en función de los importes, partió del alcalde, Emiliano García-Page.

Una medida que, concretó la concejal, se comunicó el mismo día 26 de abril a la Plataforma de afectados, con los que mantuvieron una reunión, la última en la que se había planteado cómo facilitar el pago de la liquidación de este año. Se pudieron adherir a este pago fraccionado, según explicó Heredero, «todos los sujetos pasivos, personas físicas y jurídicas cuyo objeto social no sea la promoción inmobiliaria». Afectados por esta situación pueden rondar la treintena de propietarios, especificó la edil.

Con esta medida, Heredero concretó que «lejos de lo que estamos oyendo, de que se trata de una deuda de futuro, lo que supone es que los ingresos que se deberían cobrar este año se van a reclamar en cuatro años», y que en total, aunque fue cauta con la cifra, podría aproximarme a un total de dos millones de euros. La concejal también confirmó que «se van a aplicar todas las sentencias», pero se intentará ser «flexible», siempre al amparo del reglamento general de recaudación.

Sin embargo, el portavoz de la Plataforma de Afectados por el IBI cree que «esta opción planteada por el Ayuntamiento llega muy tarde» , aunque cree que «no es una solución porque el problema viene desde la puesta en marcha del POM de Toledo». Además, indicó, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha anuló tanto el POM como la ponencia, «pero son sentencias que no salen en firme hasta que el Supremo no dictamine, al tratarse de cuantías muy altas».

«El Ayuntamiento de Toledo sabe que este POM es nulo, porque esto no se va a construir nunca, pero lo que quiere es recaudar y cuadrar sus cuentas. Saben que lo están haciendo mal y reconocen que este suelo está sobrevalorado», manifiesta García Vaquero, quien considera que, de esta manera, «el Consistorio gana otros 5 ó 6 años para seguir cobrando y se va a quedar con todas las tierras porque la gente no puede pagar».

«Eso no es un impuesto, es un robo» dice el portavoz de la Plataforma, que aclaró que «cuando tributas más que tu renta, el tributo deja de llamarse tributo y se llama expolio», haciendo mención al artículo 31 de la Constitución Española. «Aquí se han saltado la Constitución, la Ley del Suelo de Castilla-La Mancha y el POM para seguir cobrando», manifestó.

La concejal Paloma Heredero dice que para entender este problema hay que remontarse a la aprobación del POM en 2007 —último año de gobierno del alcalde del PP José Manuel Molina—, cuando los terrenos afectados se calificaron de urbanizables, por lo que subieron su valor, pero coincidiendo con el «pinchazo de la burbuja inmobiliaria» cayó su valor catastral.

Por eso, en 2012 lo que hizo el Ayuntamiento de Toledo es pedir una revisión catastral de esos suelos urbanizables, recuerda la edil de Hacienda, quien quiso aclarar que ellos no fijan los valores, lo cual es hecho por el Catastro, sino que lo que hace el Consistorio es aplicar únicamente el tipo impositivo.