Los ayuntamientos podrán pedir parados para tareas de «colaboración social»

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha su Plan de Recualificación Profesional, con una duración de seis meses, por el que los ayuntamientos de la región podrán solicitar hasta un centernar de parados que estén cobrando prestación para que realicen obras y servicios. El desempleado está obligado a aceptar esta colaboración social». La renuncia no motivada dará lugar a la suspensión de la prestación hasta seis meses pero nunca su exclusión de las listas del paro.

La medida del Gobierno regional madrileño, publicada ayer en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM), sigue al pie de la letra las líneas de un real decreto aprobado por el Ejecutivo socialista de Felipe González, en 1982 , y que ya se utiliza en otras regiones como Murcia, Andalucía y Asturias .

Los empleos van desde la rehabilitación de viviendas, vigilancia, reparación de calles, aceras, alumbrado, gestión de residuos y actividades de ocio y cultura, entre otros.

Los sindicatos UGT y CC.OO. han criticado duramente este plan que, como señalamos, lleva años instaurado en otras autonomías españolas sin que se haya producido semejante rechazo.

A la consejera de Empleo de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, no le cabe en la cabeza la postura de los sindicatos y de los partidos de izquierda y que no se hayan opuesto «hasta ahora a este decreto socialista» de 1982. «Lo que queremos en Madrid es que todos los parados, cobren o no prestación, retornen al mundo laboral ». Mariño recuerda que los parados trabajarán un máximo de seis meses en una jornada de ocho horas diarias, incluida la formación .

A esta asunto se ha referido, desde Córdoba, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez . Ha recordado que la medida «no es nueva» como tampoco lo es que las administraciones públicas empleen en régimen de «colaboración social» a parados que estén cobrando una prestación. Báñez insiste en el la iniciativa, común en todas las regiones españolas, está diseñada en un real decreto de 1982, cuando Felipe González presidía el Gobierno de España.